En sus primeras horas como presidente, Obama pidió suspender los juicios en Guantánamo

El flamante mandatario de los Estados Unidos solicitó aplazar por 120 días los procesos contra los detenidos en la controvertida prisión
Inmediatamente después de su investidura, el flamante presidente de Estados Unidos puso manos a la obra. Durante el primer día de su gestión, Barack Obama pidió suspender por 120 días los procesos ante los tribunales de excepción de la controvertida prisión de Guantánamo, en Cuba.

"En el interés de la justicia, y a pedido del presidente de Estados Unidos y del secretario de Defensa Robert Gates, el gobierno solicita, respetuosamente, que las comisiones militares autoricen el aplazamiento de los procesos mencionados anteriormente hasta el 20 de mayo de 2009", dice la moción que hoy será presentada por el juez Cayton Trivett, del ministerio público, a dos fiscales de los tribunales de excepción.

Uno de esos fiscales, Stephen Henley, está a cargo del proceso de cinco hombres acusados de haber ayudado a organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001. El segundo fiscal, Patrick Parrish, examina el caso de Omar Khadr, un canadiense arrestado cuando tenía sólo 15 años en Afganistán, acusado de matar a un soldado estadounidense.

Corresponderá por lo tanto a esos dos fiscales decidir si aceptan el pedido de congelar el funcionamiento de las comisiones militares de Guantánamo, un enclave que se abrió en 2002, en el marco de la "guerra contra el terrorismo" lanzada por el gobierno de George W. Bush.

Los tribunales de excepción fueron creados en 2006, y actualmente están a cargo de 21 casos, 14 de ellos asignados ya a un juez, sobre un total de cerca de 245 detenidos, de acuerdo con datos del Pentágono.

Obama, quien asumió sus funciones ayer, prometió que una de sus primeras medidas sería el cierre de la prisión de Guantánamo, convertida en un símbolo de los excesos de Estados Unidos en su "guerra contra el terrorismo". Y Obama empezó de hecho a cumplir de inmediato su promesa, al pedir suspender el sistema judicial de excepción, que juzga a los detenidos acusados de crímenes de guerra.

Desde la apertura de la cárcel de Guantánamo en 2002, unas 800 personas estuvieron detenidas en la base, considerada por organizaciones de defensa de derechos humanos como una tierra de arbitrariedad judicial, dado que la mayoría de los personas detenidas allí pasan años sin juicio, condena, acusación ni acceso a abogados y en condiciones de aislamiento.

En su solicitud, Trivett sostiene que la suspensión de los tribunales de excepción "permitirá al nuevo presidente y a su gobierno volver a examinar el sistema de comisiones militares en general y de los dos expedientes en curso en particular".

De acuerdo con ese documento, Gates ordenó a los fiscales militares "dar tiempo suficiente a la nueva administración para volver a examinar los expedientes de las personas actualmente detenidas en Guantánamo y por las cuales no se haya determinado la posibilidad de liberarlas o transferirlas". Luego cabrá "determinar si pueden ser acusadas por ciertos delitos y la jurisdicción más apropiada" para tratar los casos.

En su corta existencia, las comisiones condenaron a 5 años y medio de cárcel (cinco de los cuales ya fueron cumplidos) a Salim Hamdan, ex chofer de Osama ben Laden, el jefe de Al-Qaeda, y a cadena perpetua a Alí Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de esa red terrorista.

Esos tribunales, en contradicción con todos los principios del derecho estadounidense, aceptan pruebas obtenidas bajo coacción y pruebas indirectas, es decir, de testigos que no son llamados a confirmar sus versiones durante el juicio.

La mayor parte de los abogados defensores -tanto militares como civiles- así como las organizaciones de defensa de derechos humanos, plantean transferir los juicios a tribunales federales, después de un examen de cada caso. También se planteó la posibilidad de crear una nueva instancia judicial, adaptada a cuestiones de terrorismo -que diferencie entre apoyo al terrorismo y acción terrorista- pero para ello haría falta adoptar una ley y, según los expertos, Obama no quiere correr el riesgo de enfrentarse con el Congreso.

Hasta el momento, los cinco individuos acusados de haber concebido, financiado y organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguen sin juicio, siete años después.

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