La primera Constitución rigió 83 años; la última podría durar tres

La Carta Magna de 1907 establecía que no podía ser alterada por un lapso de seis años, plazo que se redujo a dos a partir de 1990.
La oportunidad de impulsar una nueva reforma de la Constitución provincial, a menos de tres años de sancionados los últimos cambios, es motivo de fuertes cuestionamientos de la oposición.

La Carta Magna prevé expresamente que debe pasar un tiempo desde su aprobación hasta su cambio. El objetivo que se busca es dar una cierta estabilidad al texto y permitir que se cumplan operativamente los postulados normativos sancionados, mediante el dictado de las leyes respectivas y con la ejecución de los planes de Gobierno que se trazan en toda reforma. En los hechos, los plazos han ido acortándose.

Fray Mamerto Esquiú, en el sermón que dio en la Iglesia Matriz de Catamarca el 9 de julio de 1853, con motivo de la jura de la Carta Magna Nacional, reflexionó sobre la necesidad de que se mantenga inalterada en el tiempo. “El inmenso don de la Constitución no sería más que el guante tirado a la arena si no hay en lo sucesivo inmovilidad por parte de ella y sumisión por parte de nosotros. (...) La vida y conservación del pueblo argentino dependen de que su Constitución sea fija; que no ceda al empuje de los hombres; que sea un ancla pesadísima a la que esté asida esta nave”, planteó.

La previsión de 1907

En el artículo 147 de la Ley Fundamental dictada en 1907, se estableció que no podían alterarse ninguna de sus disposiciones en un lapso de seis años, sin más precisiones ni especificaciones. Sin embargo, se debió esperar hasta el 18 abril de 1990 (casi 83 años) para que se sancionen cambios, cuando concluyó la controvertida Convención reformadora controlada por Fuerza Republicana (el justicialismo se retiró en pleno en medio de los debates).

Esta Constitución no entró en vigencia sino hasta 1991, y la falta de reconocimiento a su texto por parte del Gobierno que encabezó José Domato fue uno de los motivos de la intervención federal que condujo Julio César Aráoz (fue quien ordenó su aplicación y su publicación en el Boletín Oficial pocos días luego de asumir).

Su modificación fue reglamentada en un capítulo especial, que abarcó entre los artículos 127 y 132, donde se estableció un mínimo de dos años de estabilidad de la Carta Magna antes de que sea alterada. En este segmento se establece que la reforma podrá ser total o parcial; la mayoría requerida para la sanción de la ley que declare la necesidad del cambio; la potestad de los convencionales para retocar o no los puntos sometidos a su examen y la publicidad de los temas en debate por dos meses antes del llamado a comicios especiales.

Respecto de este asunto, la Carta Magna de 2006 repitió en lo esencial lo dispuesto 15 años antes, entre los artículos 150 y 156, que también estableció un plazo de 24 meses para impulsar cualquier mutación del texto.

Pero el alperovichismo introdujo una polémica alternativa en el artículo 155, con el régimen de enmienda constitucional por vía parlamentaria mediante la sanción de propuestas con mayoría calificada de los 2/3 de los legisladores. Luego se sometía lo aprobado a una consulta a la ciudadanía en forma conjunta con la primera elección provincial que se realice.

El único límite previsto era que no podían declararse caducos los nombramientos del Poder Ejecutivo realizados con acuerdo de la Legislatura y/o de la Corte Suprema de Justicia.

Esta disposición fue anulada por el máximo tribunal en la causa impulsada por el Colegio de Abogados, ya que consideró que los convencionales se extralimitaron en sus atribuciones porque la enmienda no estaba habilitada como instituto a incorporar como un agregado a la Constitución por la Ley 7.469, según el voto de los jueces supremos René Mario Goane y Antonio Gandur y de la conjueza Ebe López Piossek.

En disidencia, Alberto José Brito aseveró que la entidad profesional no tenía legitimación para impugnarlo y respaldó su existencia.

Si prospera la nueva reforma Constitucional que impulsa el alperovichismo, la última Ley Fundamental provincial habrá tenido una estabilidad de poco más de tres años, dado que sería reformada a inicios de 2010.

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