Primer revés para el Gobierno en la Justicia por la ley de medios

Un fallo de primera instancia califica de "inconstitucional" a la ley y ordena suspender su aplicación por considerar que viola derechos constitucionales
El conflicto entre el Gobierno y la mayoría de las empresas de comunicación por la polémica ley de medios comenzó a transitar por el camino de la justicia. Ayer se conoció el primer fallo en contra de la norma sancionada por el Congreso el 10 de octubre y con la cual el kirchnerismo busca controlar la actividad periodística y profundizar su guerra con el Grupo Clarín.

El juez en lo Civil y Comercial Eduardo Carbone, calificó de "inconstitucional" la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ordenó suspender la aplicación de dos artículos considerados fundamentales y que hacen referencia a la continuidad de las licencias y a los plazos estipulados para que los medios realicen el proceso de desinversión a los cuales los obliga la norma.

Según el fallo, no se puede legislar hacia atrás, por lo que declara "inconstitucional" la retroactividad de la norma, así como los contenidos de los artículos 41 y 161 que obligan a los grupos periodísticos a desprenderse de licencias en un tiempo no mayor a un año.

De esta forma, el juez Carbone hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Clarín, según la resolución a la que accedió El Cronista. El magistrado consideró que los artículos cuestionados "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita establecidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional". Ambos se refieren a los derechos de los ciudadanos a trabajar y ejercer toda industria lícita, y a la inviolabilidad de la propiedad.

"En ese contexto y ponderando que de la documentación acompañada surge la veracidad de los dichos de la actora (el Grupo Clarín), siendo que ella cuenta con licencias otorgadas con anterioridad y vigentes, la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada", sentencia el juez.

Carbone también reclama el respeto por derechos adquiridos y por la propiedad privada, reconoce la validez de las licencias vigentes a la fecha y hasta advierte que la norma puede vulnerar la libertad de prensa.

"El derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos o sea de derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona", enfatiza el juez en su fallo.

Si bien se trata del primer fallo, en los próximas días podría haber otros de similar tono debido a que la de Clarín no es la única denuncia contra la ley.

Por caso, la provincia de San Luis presentó un recurso de amparo, y el senador radical Gerardo Morales solicitó una medida cautelar. La acción planteada por el gobernador Alberto Rodriguez Sáa llegó de manera directa la Corte Suprema debido a el máximo tribunal de justicia del país tiene competencia originaria en litigios entre el Estado nacional y las provincias. San Luis reclama por la "indebida injerencia" del Gobierno al regular mediante una ley temas que, según el gobernador, son de competencia provincial.

Por su parte, Morales plantea la nulidad de la ley debido a que los cambios que se realizaron no fueron hechos durante la votación sino que se conocieron cuando había terminado la sesión. Por eso solicita la no aplicación de los artículos 95 y 124, afectados por la fe de erratas.

De todos modos, el proceso podría prolongarse durante el año próximo, en especial si se tiene en cuenta lo poco que falta para la feria judicial de enero.

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