Primer paso para que la Corte se pronuncie sobre la ley de medios

La Procuración dictaminó sobre un planteo de la provincia de San Luis.
En un primer paso para el análisis de la ley de medios por parte de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación dictaminó que en el planteo realizado por la provincia de San Luis contra el Estado nacional, a propósito de esa ley, corresponde intervenir al máximo tribunal.

"A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito (.) corresponde a la competencia originaria de la Corte", señala el dictamen que lleva la firma de Laura Monti, Procuradora Fiscal ante ese tribunal.

Si bien no se trata de un pronunciamiento sobre la validez del reclamo de San Luis, el dictamen de la Procuración es un paso necesario para que la Corte comience con el análisis del planteo sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley.

La ley de Medios fue sancionada el 10 de octubre en el Senado, a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo, que apunta a limitar y controlar a las empresas periodísticas.

Veinte días después de sancionada la ley, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá presentó una acción de amparo ante la Corte pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, por considerar que atenta contra la "libertad de información".

A través del estudio jurídico Demaría, Fernández Cronenbold y Barra, en una extensa presentación de 82 carillas, Rodríguez Saá señaló que varios artículos de la Ley de Medios -concretamente el 1° a 118 y 145° a 166°- "agravian tanto de manera actual, o bien inminente los derechos jurisdiccionales y patrimoniales de la Provincia, como los de sus ciudadanos".

"La mera promulgación de la ley supone un agravio a la jurisdicción provincial como también la autorización legal para que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa jurisdicción y a la libertad de información, tanto en sentido activo como pasivo", agregaba el escrito.

Por otra parte, advirtió que "si los medios de comunicación se encuentran sometidos a la posibilidad de sanciones administrativas -que pueden llegar a la cancelación de la licencia- en razón de la evaluación que la autoridad política haga de sus contenidos, es evidente que los titulares de los medios tenderán a restringir sus mensajes para adecuarlos a los deseos de aquella autoridad".

La ley de Medios estipula restricciones a la propiedad de canales de TV, radio y cables. Esas restricciones, además, tienen carácter retroactivo. Y la medida establece plazos para que las empresas se desprendan de activos.

Rodríguez Saá recordó que al asumir su primer mandato por el 2003, él propició el dictado de una ley provincial de radiodifusión "con la más amplia discusión que garantizara un gran consenso de toda la sociedad puntana y especialmente de los sectores directamente interesados en la materia".

El ex miembro de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, aseguró en esa oportunidad que la sanción de la Ley de Medios "importa una especie de traición y abandono a la reforma constitucional de 1994. Los constituyentes tuvimos la oportunidad de revisar si se quería el artículo 32 que prohíbe el control de la libertad. No se tocó. Se ratificó la vigencia después de 130 años".

El análisis del reclamo de San Luis comenzará en la Corte Suprema después de la feria judicial de enero.

Será el primero, pero no el único, de los planteos contra la Ley de Medios que deba tratar un tribunal que ya ha dado muestras de su capacidad para abstraerse de las presiones políticas.

Comentá la nota