Están imputados al menos 27 funcionarios, entre ellos Macri, Michetti, Peña y Aranguren. Ya hay dos pedidos de indagatoria. “No es una preocupación. Que se resuelvan rápido y que no se vuelva una política de presión”, dijo el ministro Garavano
En el primer año de Gobierno de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri y su gabinete tienen abiertas 15 causas penales en los tribunales de Comodoro Py –donde se investigan los hechos de corrupción de la administración pública nacional–, en las que están imputados al menos 27 funcionarios.
Las 15 investigaciones en marcha surgen de un relevamiento que hizo Infobae en los 12 juzgados y fiscalías federales de primera instancia, donde están radicados los expedientes que se abrieron desde diciembre del año pasado hasta esta semana: Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, son los nombres que más se repiten en las carátulas.
"Ese tema hoy no es una preocupación en el Gobierno. Sí tenemos el reclamo de que los casos se resuelva rápido y que no se vuelva una política de presión de sobre el Ejecutivo de mantener las causas abiertas", le dijo a este medio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El kirchnerismo tuvo el mismo reclamo y la clara referencia es lo que históricamente algunos jueces federales hacen de mantener expedientes abiertos para negociar en el momento político oportuno.
La cantidad de causas que hay en trámite se podrían engrosar hasta fin de año porque en las últimas semanas ingresaron seis denuncias contra funcionarios y los fiscales deben resolver si abren investigaciones.
Dos datos resaltan de las causas en trámite: ya hay pedidos de indagatoria y la mayoría de los expedientes se abrieron a partir de denuncias del Frente para la Victoria, al revés de lo que ocurría el año pasado cuando el kirchnerismo era denunciado por el hoy oficialismo.
Las causas
El primer expediente de impacto se abrió a los cinco meses del inicio del gobierno y fue contra Macri. En abril, el fiscal Federico Delgado imputó al Presidente en la causa "Panamá Papers" para investigar si fue ilegal la omisión de declarar dos sociedades off shore creadas en paraísos fiscales en la década del 90.
Semanas después se inició otra para determinar si funcionarios del Gobierno cometieron delito en la compra de dólar futuro. Fue la contra denuncia del kirchnerismo por el expediente de la ex presidente Cristina Kirchner en el que está procesada.
El fiscal Jorge Di Lello, en una casa con el juez Sergio Torres, imputó al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, al director de la entidad Pablo Curat, al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, además de empresas vinculadas a Nicolás Caputo, amigo de Macri. El primero fue denunciado por las pérdidas que sufrió el Central con la devaluación y los restantes por las ganancias personales que tuvieron con la compra de dólar futuro.
Otro expediente de impacto fue el que se inició en agosto cuando el fiscal Guillermo Marijuán abrió una causa contra la vicepresidente Gabriela Michetti para determinar si hubo o no lavado de dinero en los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa en noviembre del año pasado –el mismo día que Cambiemos ganó el ballotage– y que no estaban declarados.
La vicepresidente dijo que 200 mil pesos eran fondos recaudados por su fundación SUMA. Eso generó que la causa se amplíe a otras fundaciones vinculadas al macrismo: "Fundar Seguridad y Justicia", del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, "Crecer y Crecer", del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y "Formar", del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Todos quedaron bajo investigación. La causa la tiene el juez Ariel Lijo.
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