Primer fallo de la Justicia contra la ley de medios audiovisuales

Mientras el Congreso discutía el proyecto del gobierno, se sucedieron las marchas de repudio a la ley.

En el primer fallo contra la ley de medios, un juez federal ordenó ayer que se suspenda la aplicación de dos de sus artículos por considerarlos inconstitucionales. La medida la dispuso el juez en lo civil y comercial Eduardo Carbone (hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín) y los artículos suspendidos son el que obliga transferir licencias y el que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley, porque "menoscaban derechos constitucionales". La suspensión de la aplicación ya le fue comunicada a la Jefatura de Gabinete.

Según el juez, los artículos 161 y 41 de la ley de medios "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.

En su fallo, Carbone exhorta a respetar derechos adquiridos y la propiedad privada, reivindica la no retroactividad de las leyes, reconoce la validez de las licencias vigentes y hasta advierte que la norma promovida por el oficialismo "puede vulnerar" la libertad de prensa.

El artículo 161, cuestionado por el juez, obliga, "en un plazo no mayor a un año" a "desprenderse de las licencias que excedan de la cantidad autorizada por la ley (...) bajo apercibimiento de sanciones que incluyen caducidad de licencias".

Además, el artículo 41, "prohíbe a la actora (Grupo Clarín) efectuar la transferencia de (...) licencias y autorizaciones, a excepción del supuesto en que tal operación fuera necesaria para la continuidad de un servicio y en la forma allí dispuesta, previa comprobación por la autoridad de aplicación, quien deberá expedirse sobre la autorización o rechazo de la transferencia".

El juez citó a la Corte Suprema en el fallo "Smith", que dice que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privada de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada por ley".

Derecho adquirido. El fallo remarca que "el derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos o sea de derechos incorporados al patrimonio de una persona".

El juez valoró que los artículos cuestionados son contrarios a uno de los pilares del Código Civil: el que establece (artículo 3) que "las leyes no tienen efecto retroactivo y que la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales, afectando a relaciones y situaciones jurídicas realizadas con anterioridad".

Asimismo, reivindicó el artículo 1.324 del mismo Código, que —destacó— "dispone que nadie puede ser obligado a vender sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo en los casos dispuestos en dicha normativa, que no son los de autos" (ley de medios). Advirtió que la aplicación de la norma "puede vulnerar un derecho tan importante para la existencia de las instituciones republicanas como lo es la libertad de prensa, consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna".

Extrañeza. Al juez le resultó "llamativo" que la ley haya sido "sancionada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el mismo día y que, además, ese día sea un sábado (10 de octubre de 2009), "inhábil para la administración pública, y que "no se indican las razones del apuro". También determinó que corresponde dictar la medida cautelar que frena la aplicación de esos artículos porque "el peligro en la demora" de la suspensión atentaría contra los derechos de la empresa, "entre ellos su gravitación económica".

"Sin que signifique un adelanto de opinión sobre el tema de fondo resuelvo hacer lugar a la media cautelar solicitada, ordenándose la suspensión provisoria de los aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual", afirmó el juez.

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