Prevén penas para quienes no acudan como autoridades de mesa.

Los ciudadanos que no cumplan con el deber de asistir como autoridades de mesa y no puedan excusarse en las elecciones del 28 de junio se prevén penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión, según lo determina el Código Electoral Nacional en su artículo 32.
Si una vez notificados por la Junta Electoral de su respectivo distrito los ciudadanos no cumplieran con su deber de asistir como autoridad de mesa y no puedan justificarse debidamente se les aplicará el artículo del Código Electoral Nacional que prevé sanciones.

‘Sólo podrán excusarse por razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificadas‘, mediante la presentación de los respectivos certificados señala el artículo.

Por ello, los ciudadanos citados para cumplir con este deber tienen 72 horas (tres días) para presentar formalmente sus explicaciones sobre por qué no cumplirán con su deber cívico, para dar lugar a su reemplazo.

Con este fin es que se constituyen los registros de voluntarios, que cumplen la función de ‘reserva‘ para suplir estas ausencias.

En las últimas elecciones, las presidenciales de 2007 y las de jefe de gobierno porteño del mismo año (en esta última hubo segunda vuelta), se viene registrando una tendencia a no cumplir con el deber de autoridad de mesa, algo que en otras épocas fue ‘un honor‘ para los ciudadanos convocados.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2007 no se presentó el 65 por ciento de las autoridades de mesa designadas para las grandes ciudades.

La mayor deserción se produjo en la Capital Federal, donde sobre un total de 17.751 telegramas enviados, 15.249 volvieron rechazados, en tanto que otros 1.092 ciudadanos fueron en persona al juzgado electoral para excusarse con causa justificada.

Si no se hubiese recurrido a otros ciudadanos para cubrir estas ausencias, sólo se hubiese constituido el 11,91 por ciento del total de las mesas de votación de la Capital Federal (que fue de 5.917).

Por ese motivo, la jueza federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, María Servini de Cubría, procesó durante 2008 a 60 personas que faltaron sin justificación a los comicios de 2007, en tanto que otras 716 personas fueron investigadas e indagadas.

En algunos casos, se concedió el beneficio de una ‘probation‘, que es una prestación a la comunidad que el acusado se ofrece a realizar, que en algunos casos fue ser autoridad de mesa durante dos elecciones seguidas, contó Servini de Cubría.

En la anterior elección de jefe de gobierno porteño, también en el 2007, se evidenció una situación similar en Capital Federal, donde el 79 por ciento de los ciudadanos convocados para autoridad de mesa eludió esa obligación, algunos por no haber sido ubicados en el domicilio que figura en el padrón, y otros porque se excusaron por enfermedad o razones laborales.

Comentá la nota