En el presupuesto 2010 habrá fondos para la reforma penal

Así lo aseguró el ministro de Justicia a los miembros de la Corte. Falistocco pidió que se mantengan los nuevos cargos que no se llegaron a cubrir y advirtió sobre la situación del fuero laboral.
Un aumento creciente de litigiosidad que debe ser atendida prácticamente con el mismo plantel de jueces, en una situación que se agrava por las demoras en la cobertura de vacantes. Las cuantiosas necesidades de la instrumentación de la reforma procesal penal y el virtual colapso del fuero laboral, en un contexto de severas dificultades presupuestarias para la provincia. El complejo panorama resultante de la conjugación de estas variables fue el tema de preocupación común que compartieron la semana pasada las autoridades de la Corte y de los ministerios de Justicia y Economía de la provincia. En diálogo con El Litoral, el presidente del Alto Tribunal, Roberto Falistocco, advirtió no obstante algunas noticias tranquilizadoras: el inminente envío a la Legislatura de los pliegos para jueces subrogantes -el llamado "banco de suplentes"- y el compromiso oficial de que, pese a los recortes impuestos, en el presupuesto 2010 habrá una partida de 30 millones de pesos para avanzar con la implementación paulatina de la oralidad penal.

En rigor, las principales cuestiones que afectan al Poder Judicial santafesino se trataron, de manera escalonada, en una suerte de jornada maratónica, el martes pasado. Después de recibir a Héctor Superti y Angel Sciara, la Corte dictó la acordada en la que estableció que sigue vigente el viejo Código Procesal y el mecanismo de aplicación gradual del nuevo sistema -mientras se aguarda que Diputados avance esta semana con ese tema- y terminó recibiendo a los representantes de los cinco Colegios de Abogados, que una vez más habían alertado sobre la emergencia judicial y solicitaron audiencia a la cabeza de los tres poderes.

Recursos

Falistocco explicó a este diario que el ministro de Economía -tal como él mismo lo mencionó en nuestra edición de ayer- dejó en claro la compleja situación que atraviesa la provincia, al tiempo que escuchó los planteos del Tribunal sobre la necesidad de nuevos juzgados y de aumentar los gastos de funcionamiento. Particularmente, la preocupación de la Corte es que los nuevos cargos creados, que no fueron cubiertos por que el Consejo de la Magistratura no llegó a desarrollar los concursos, se mantengan en la previsión de 2010. "No sería justo que nos quiten esos cargos porque todavía no se han incorporado a la planta", advirtió Falistocco.

Del mismo modo, manifestó su expectativa de que la lista de jueces subrogantes sea tratada lo antes posible por la Legislatura y que "antes de fin de año" se pueda tomar juramento a los nuevos magistrados, que vendrán a cubrir lugares vacantes mientras se sustancian los concursos respectivos. "Con esto vamos a atender las principales urgencias. Pero va a ser necesario darle continuidad al mecanismo y enviar lo antes posible una nueva nómina", consideró. Y añadió que ésto se podría hacer aprovechando a los candidatos que participaron de concursos anteriores, como permite ahora el reglamento del Consejo de la Magistratura.

El juicio oral

Como corolario de la reunión, Falistocco sostuvo que "comprendemos la situación de la economía, pero no podemos dejar de plantear las necesidades que advertimos. Hacen falta juzgados y personal, además de todo lo que va a requerir la reforma penal. La implementación del juicio oral va a demandar la creación de nuevos cargos de jueces de sentencia, porque se requiere integrar tribunales de tres jueces, y en algunas circunscripciones -Venado Tuerto, Reconquista- hay uno solo. Esto además de fiscales y defensores".

Precisamente, la falta de infraestructura y recursos humanos para aplicar a la reforma, convenció a la Corte de dictar una acordada donde establece que, precisamente por eso, la entrada en vigencia del nuevo Código no podía darse a partir del 30 de octubre, como sostenía la ley de prórroga que todavía no fue reemplazada por la Legislatura.

"Esto habia que hacerlo saber, porque podíamos dar un paso que, aún con el mejor de los propósitos, comience mal, truncando los mejores deseos y revirtiendo en una crítica al Poder Judicial, mostrando un proceso penal por el que tanto hemos bregado, que funciona de manera defectuosa y no da las respuestas en los tiempos oportunos", argumentó el presidente de la Corte. "Y la mejor muestra de que no están dadas las condiciones para que opere el nuevo sistema es el pedido de prórroga que hizo el Ejecutivo", añadió.

Más allá de eso, insistió en que la aplicación gradual propuesta -que incluso los diputados quieren ampliar en el número de delitos que abarca- requiere respaldo presupuestario. Por ahora, la Corte se quedó con la promesa del ministro de Justicia, Héctor Superti, de que en 2010 habrá una partida de 30 millones especialmente destinada a eso. Sobre las demás necesidades, quedaron en seguir conversando.

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