Prestación del servicio de agua en la Provincia

Una historia con muchos vaivenes, que fue nacional, luego provincial pasando a la privatización y nuevamente, en la actualidad, bajo la órbita estatal santafesina. Una historia de desencuentros y decisiones fallidas.
UNA DECADA PERDIDA

Como se lo mire, fueron diez años a pura pérdida. Y retroceso incuestionable. En todo sentido. De lo sucedido en el desgraciado período de la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento (1995/2005) nada quedó en claro, con excepción de la frustración colectiva producto de la estafa consumada. Nada. Oficialmente, sea dicho, que descorriera el telón del escenario oculto de la historia.

El gobernador Obeid se manifestaba en 2004, cuando el final anunciado se avecinaba, duro y terminante respecto de la amenaza empresaria de levantar la carpa: "Ojalá que se vaya. A mí no me van a presionar con que se va. Una empresa que presta un mal servicio y encima se hace la ofendida, pero que se vaya", pero primero tendrán que cubrir con sus garantías todos los daños y perjuicios que provocó a los usuarios y a la Provincia".

Luego, en 2006, sentenciaba: "El servicio fue malo, no hicieron inversiones, se endeudaron y yo quisiera saber dónde fue el dinero".

Se lo llevaron, no caben dudas. Debía saberlo. No ignoraba, seguramente, nada de lo acontecido. Desde los pasos que condujeron a la disolución de la ex-DIPOS y el traspaso a la multinacional Suez, acto este recusado por el otro postulante (grupo Macri) por considerar inviable la propuesta del ganador. Como quedó demostrado. El precio fijado por metro cúbico de agua no dejaba margen para el cumplimiento contractual pactado.

De hecho, ya en el primer año la empresa no lo pudo acreditar, no obstante lo cual se le autorizó un aumento tarifario del 4%, que debía ser acumulable durante cinco años. O sea, un 20% adicional al valor que, condición determinante de la licitación, inclinó el fiel de la balanza a favor del grupo Suez. Un detalle no menor del incumplimiento estuvo dado por el caso de los medidores domiciliarios de consumo, a cuya colocación la empresa se comprometiera como prioridad para toda la concesión. Debían ser entre 40.000 y 50.000 por año.

En el caso de Rafaela, la apreciable falta de medidores facilita la conducta previsible, expuesta en el abuso insolidario. Es una cuestión que resalta nítidamente en la crisis que resume el déficit acumulado durante años por falta de inversión, imprevisión y otros factores que jugaron en contra de demandas fundamentales, como son el agua potable y el saneamiento.

Y como frutilla del postre, el sistema del acueducto funcionando en el máximo de su capacidad operativa, incapaz de responder a la expansión de la ciudad, en el contexto de un panorama deprimido de por sí al que suma incertidumbre el inmovilizado proyecto del sistema provincial de acueductos.

EL ESTADO Y LOS SERVICIOS PUBLICOS

La monumental historia de la privatización quedó atrás, como decimos; no así los efectos palmarios del producto de decisiones políticas que requieren, para revertir lo negativo, de otras decisiones políticas. De las que impongan políticas de Estado, cosa que supone planificar a largo plazo, a pensar el país (en nuestro caso, la Provincia) como un todo integrado y articulado. No la cabeza de Goliat concentrando riqueza y poder sobre el soporte de un esquema de explotación política de la pobreza.

El proceso iniciado a fines del siglo XIX y que culminó con la creación de Obras Sanitarias de la Nación se enmarcó en una concepción global de la problemática que representaba la salud pública. De allí la política adoptada de provisión de agua potable "en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación", observada con provechosos resultados hasta mediados del XX.

Provincializados los servicios en los `80, en Santa Fe pasaron a ser prestados por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), creada por la ley 8.711 de diciembre de 1980. Apenas iniciada la década siguiente, mediante el decreto N° 3560 del 29 de octubre de 1992, y en sintonía con la política económica nacional que impulsaba la desestatización de empresas públicas (rentables, cabe aclarar), Carlos Reutemann daba el puntapié inicial que conduciría a este presente.

La ex-DIPOS no era deficitaria, y si bien poco eficientes sus administraciones (en consonancia con el desempeño de los gobiernos en cuyas órbitas funcionaba), su desaparición no se justificó en modo alguno, sobre todo teniendo en cuenta lo que acarreó el concesionamiento. El cambio no trajo, como se anunciaba, cosas mayores, excepto en lo concerniente al afán utilitario puesto de manifiesto por el nuevo prestador.

En nuestra ciudad, lo registrado durante los años de la gestión Suez-Ondeo fue netamente deficitario. Las magras muestras de reacción oficial en defensa de los usuarios sólo adquirieron alguna tonalidad en las postrimerías del fracasado proceso. Así, por ejemplo, en diciembre de 2005 (final de la concesión convenida a 30 años) el intendente Perotti admitía: "Estamos en una emergencia. Y esperamos que sea el Estado (provincial) el que nos garantice (las obras), ya que seguir con privado no nos garantiza nada, porque un privado no nos está resolviendo la emergencia".

Aparte del fracaso, en general, de las "transformaciones estructurales" de los Estado nacional y de provincias, que resultaron de las privatizaciones -cuestión no cerrada- cuentan los costos que continúan arrojando para los erarios públicos. Cuyas magnitudes se desconocen aunque pueden presumirse en montos escalofriantes, y en paralelo, sospechar sobre la "calidad" de las condiciones bajo las que se acordaron los convenios de traspaso de bienes estatales. Dicho esto con propiedad, bienes públicos, de la gente que los pagó y que ahora debe hacerse cargo de los déficit que se muestran, imputables a los gestores de tanta innovación.

El caso de los servicios sanitarios de Santa Fe es demostrativo de eso.

Y también de la falacia de que el Estado es, necesariamente, mal administrador, cosa tenida como eje de la campaña previa de concientización llevada a cabo para justificar lo que vino. El Estado no es sino una entidad político-institucional de derecho, representativa de una voluntad popular soberana. Visto así, los hechos que produce pueden ser tanto legítimos y convenientes para el interés común como todo lo contrario, dependiendo una u otra cosa de la voluntad y propósitos de quienes ejercen el gobierno del Estado.

Francia, cuna de la multinacional Suez-Ondeo, ofrece, en materia, un ejemplo de gestión de los servicios de agua y saneamiento. Estos son de competencia de los municipios y sus grupos, reservándose el Estado el papel de policía de aguas y de garantía de la salubridad y la seguridad públicas, que ejerce mediante el control de la legalidad de los contratos de los mercados públicos y el respeto de las normas técnicas.

Aristóbulo del Valle dejó estas palabras: "La empresa tiene un criterio, que es el lucro; el gobierno tiene otro, que es su deber".

Demarcados los campos de competencia de ambos, la convivencia entre lo estatal y lo privado no sólo es posible sino necesaria. Deben darse, desde luego, reglas de juego claras y precisas, establecidas por consenso en marcos abiertos y transparentes. Es decir, en todo caso, reglas respaldadas en la honradez de procederes de quienes las convienen, las respetan y las hacen respetar.

Recrear el Estado, en tanto resguardo de los intereses superiores de la Nación, al par que promotor de aquello que los acreciente, implicaría, sustancialmente, fortalecer el imperio de la Constitución y las leyes en ella inspiradas. Someter los actos de gobierno a tales principios fortalecería el estado de derecho y el accionar de las instituciones de la República, dando lugar, entre otras cosas perdidas, a la recuperación de la fe pública en el sistema democrático.

¿Algo impensable en una Nación desgarrada moral y materialmente?

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