El 85% de los presos mendocinos que están en el sistema penitenciario local trabaja o estudia.

Así lo indican los datos oficiales del Servicio Penitenciario Provincial, que tiene 1.600 internos empleados en los talleres de la cárcel, en las laborales internas de mantenimiento y limpieza y en empresas privadas con producción en los establecimientos penales. Todos reciben una paga muy lejos de un salario normal.

Otros 2.052 estudian: el 43% de ellos están en la escuela primaria. El resto en la secundaria, algún tipo de capacitación laboral y una minoría en la universidad.

La necesidad de que los presos trabajen fue uno de los debates públicos que instaló la semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo.

El mandatario quiere que del primero al último realice una labor para costear con su trabajo lo que el Estado gasta en su manutención.

Cornejo llegó a exigir que los reos deberían una vez cumplida su pena pedir formalmente disculpas a las víctimas que atacaron.

Sin embargo, el actual director del Servicio Penitenciario Provincial, el prefecto general (re) Eduardo Orellana, fue más allá y afirmó que "los internos tendrían que resarcir a las víctimas".

–¿Comparte las expresiones del gobernador?

–Adhiero a la idea de que delinquir no puede tener costo cero. El interno debe trabajar y devolver parte de lo que el Estado invierte en ellos y a la sociedad a la que dañó y ofendió. El hecho de que esté encarcelado no lo exime de eso.

–¿Pero usted va más allá, quiere que repare a la víctima?

–Efectivamente. Creo que el Estado debería retenerle 15% de la remuneración del interno que trabaja para resarcir a la víctima, porque la realidad es que la víctima hoy no reclama ninguna compensación monetaria aunque haya una condena y se haya concluido el juicio que sentenció al victimario.

–¿Y podría aplicarse eso?

–Sí, claro. La ley 24.660 que regula el cumplimiento de las condena dice en el artículo 121 que se debe aplicar una retención del 10% para daños y perjuicios causados por el delito y otra del 25% para afrontar los gastos que genera la estadía del interno en el sistema, pero los jueces dejan sin efecto esa obligación porque argumentan que al preso que no quiere trabajar no se le puede descontar nada, y por lo tanto no hay igualdad con el que trabaja. Y en este sentido la ley dice que es un derecho y un deber del interno trabajar, que la tarea debe ser remunerada, pero advierte de que no se lo puede coaccionar para trabajar si no quiere.

–¿Y cómo va a hacer para que trabajen todos como pide Cornejo?

–Estamos en eso, evaluando alternativas. Hay distintas ideas pero nada definido todavía.

–¿Cuánto se le paga a un preso por trabajar?

–Hay un grupo de 400 internos que trabajan para empresas privadas o en los talleres. Esos son puestos estables y formales y el salario es de $1.600 al mes. Después tenemos otros 1.200 internos que hacen labores diarias y cobran $600 al mes.

–¿Empresas privadas?

–Sí, son empresas que hacen su producción dentro de los establecimientos penales y dan trabajo a los internos.

–¿Es suficiente lo que cobran?

–Mire, cuando alguno se queda sin el puesto de trabajo por alguna razón, la propia familia llama pidiendo que se lo devolvamos porque cuentan con ese dinero.

–¿Influye en la conducta diaria que trabajen o estudien?

–Muchísimo, porque el preso tiene una rutina, no se queda en la celda o el pabellón todo el día, interactúa con otras personas y está ocupado. Los que tienen actividad no tienen prácticamente problemas de conducta.

–¿Quiénes los tienen?

–Los que no quieren ni trabajar ni estudiar, gente muy conflictiva que quiere seguir viviendo del delito dentro de la cárcel. De esos tenemos unos 400 internos, que representan el 10% de la población del sistema penal provincial.

–¿Les sirve trabajar o aprender un oficio para cuando recuperen la libertad?

–Sirve, pero volver a la calle es otro tema que tiene que ver con la posibilidad que tenga el liberado de conseguir un empleo. Lo que vemos es que les cuesta muchísimo conseguir trabajo. Ya de por sí le cuesta a cualquier ciudadano conseguir un empleo. A ellos mucho más. Normalmente les dan trabajo los familiares, algún amigo o conocido pero se les hace muy difícil tener algo estable.

–Ahí se complica el problema de la reinserción social...

–Así es. Tenemos que saber qué hacer con el delito en la provincia porque nadie puede creer que van todos presos y ya está resuelto el problema. Todos van a salir tarde o temprano, todos van a volver a la calle.

–¿Casi la mitad de la población carcelaria estudia?

–Sí, y ha sido un gran avance en los últimos años en el sistema carcelario provincial. El número más importante lo tenemos en la escuela primaria, en la que cursan 880 internos. Cuando yo fui nombrado director de la cárcel de Boulogne Sur Mer en 2009 el penal tenía 1.000 presos y sólo 14 internos estudiaban.