El STJ, "preso" de su propia trampa, ahora pide celeridad

El cuerpo toma de su medicina. Reclamó por medio de una acordada que dé rápido tratamiento a los ya doce pedidos de juicios político contra el ministro Juan Carlos Codello, pero hace más de cinco meses que no resuelve el fondo de una cuestión de suma gravedad institucional: el planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la nueva Constitución, presentado por el fiscal General César Sotelo, a quien concedió en tiempo record una cautelar. Filípica de varios legisladores por la intromisión de parte del máximo tribunal en otro poder del Estado.
Su tratamiento diferido en el tiempo y a medida que se prolonga su resolución, lesiona indudablemente la dignidad del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de todo el Poder Judicial de la Provincia, provocando comentarios nocivos e injustificados", señala el ministro de la corte provincial, Carlos Rubín, en la polémica acordada por la que se le reclama a Diputados que se apure con los juicios políticos al ministro Juan Carlos Codello. Sin embargo, el juez curuzucuateño, como Eduardo Farizano y Guillermo Semhan son capaces de ver la paja en el ojo ajeno mas no la viga en el propio: hace más de cinco meses que no resuelven la cuestión de fondo planteada por el fiscal general César Sotelo, quien sí obtuvo velozmente y en tiempo record una cautelar para impedir que el Ejecutivo y el Legislativo designen a dos funciones del Ministerio Público que creó la nueva Constitución y que, según Sotelo, limitarían su accionar.

El tema no es menor. La resolución del planteo de inconstitucionalidad de Sotelo no tendría por qué demorarse tanto tiempo, habida cuenta de que la Legislatura trabaja a destajo para tratar de reglamentar los nuevos institutos incluidos en el nuevo texto y de hecho se piensa prorrogar el período de sesiones ordinarias, que este año por primera vez se extiende hasta el 30 de noviembre, porque se fijó plazo hasta el 31 de diciembre para legislar sobre esos aspectos (ver aparte).

De modo que haber pisado la pelota en esta cuestión y ahora atreverse a pedir a la Legislatura que actúe rápidamente, es una clara demostración de que algunos ministros son guiados por fines políticos a la hora de emitir sus fallos, tal como lo publicó oportunamente este diario, jugando incluso con los tiempos según las conveniencias, como se pretendió hacer para presionar al Ejecutivo para que se amplíe el presupuesto 2008.

Pero aún así, los ministros Farizano, Semhan y Rubín se atrevieron a pedir "celeridad" a los diputados, lo que motivó desde luego una fuerte reacción de la mayoría de éstos, que consideran una intromisión irrespetuosa de un poder del Estado en otro.

El desparpajo llegó de la mano de otra actitud corporativista, ya no sólo de evitar que colabore con la investigación como se hizo con la primera presentación que tuvo curso favorable en la Cámara baja, sino que ahora va más allá y se trata de defender institucionalmente a Codello, porque de lo contrario podría conocerse que se está encubriendo lo que todo el foro local y esto no es otra cosa que la incapacidad del juez para desempeñar el cargo que ocupa.

Se escucharon voces terminantes con este intento del STJ de reclamar lo que no demuestra.

"Nunca se escuchó que la Cámara de Diputados reclame al Poder Judicial porque un juicio tarda quince años en resolverse. Lamento mucho esto, en un gobierno republicano, donde es tan importante la división de poderes, que los integrantes de otro poder intenten acelerar el ritmo de otro de los poderes", diputado Marcelo Chaín (PA)

-"Yo no pido a los jueces que se apuren a dictar sentencia. Si bien comprendo la sana preocupación de los ministros del STJ, no creo que deban apurar los tiempos políticos de los Diputados", Tamandaré Ramírez Forte (PJ).

-"Coincido con el pedido de celeridad, pero ellos que son los guardianes de la ley deberían solicitar a su par que preste colaboración y se realice el examen médico. Si se va a realizar la prueba, soy partidario de la acumulación. El STJ debe colaborar, participar, comprometerse con la prueba médica. No se puede pedir so pretexto de la celeridad que Diputados no cumpla con sus funciones de control", Armando Aquino Britos (UCR)

UN POCO DE HISTORIA

El 30 de abril de este año, el STJ emitió la Acordada Nº 324 -firmada por Eduardo Farizano, Guillermo Semhan y Carlos Rubín- resolviendo "no hacer lugar a la solicitud de medidas precautorias" presentadas por el fiscal general César Sotelo al demandar "acción directa de nulidad parcial de la Reforma de la Constitución Provincial".

Un mes después, lo que hizo que cobrara ribetes de escándalo en los ámbitos tribunalicios, el máximo tribunal adoptó un criterio totalmente opuesto y ante una nueva presentación de Sotelo, concedió una medida cautelar, ordenando a los senadores que se abstengan de prestar acuerdo a los funcionarios judiciales y al Ejecutivo de designarlos.

Fue el 30 de mayo, cuando contenido en la Acordada Nº 461, el STJ resolvió hacer lugar parcialmente a la solicitud de medida precautoria de no innovar, que se efectivizará previa prestación de caución juratoria. Firmaron Guillermo Semhan, Carlos Rubín, Juan Carlos Codello, además del presidente de la Corte provincial, y para muchos el ideólogo de semejante incoherencia, Eduardo Farizano.

Lo que con tanta vehemencia se impulsaba antes y ahora se quiere evitar es lo que estipula el artículo cuatro de aquel proyecto finalmente introducido en la Constitución, que indica que "el Ministerio Público posee estructura jerárquica. El fiscal general, el defensor general y el asesor general, (quienes) deberán controlar en sus respectivas áreas, el desempeño de los miembros inferiores y de quienes los asistan, y reglamentarán las facultades y responsabilidades disciplinarias previstas en esta ley, a través de instrucciones generales".

Un mes más de "trabajo"

En las últimas horas surgió la idea y nadie la esquivó porque al ritmo que van, no podrá cumplirse con el plazo del 31 de diciembre para reglamentar todos los nuevos institutos que se incluyeron en la nueva Constitución provincial y que deben hacerse por ley. Se trata de la prórroga del período de sesiones ordinarias, que este año, por imperio de esa misma carta magna, se extienden hasta el 30 de noviembre (antes sólo eran hasta el 30 de septiembre).

La inactividad de las últimas semanas, cuando cayeron tres sesiones seguidas por el tema Codello, motivaron que la idea sea aceptada, por ahora en silencio, casi por la mayoría de los diputados que están al tanto y fueron consultados en ronda por la titular del cuerpo, Josefina Meabe de Mathó.

Pero además del temor de concluir el año sin reglamentar las leyes necesarias para poner en vigencia cambios realizados en la última reforma constitucional, quedan en el tintero muchos expedientes que requieren tratamiento, como la titularización docente y otros.

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