Presiones, suspicacias y sospechas sobrevolaron el debate legislativo

Las sospechas de presiones a senadores y gobernadores fueron las principales protagonistas de la sesión en la que el Senado buscaba aprobar el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Y los principales involucrados, en todas las conversaciones, fueron la correntina Dora Sánchez y el tucumano bussista Carlos Salazar. Algunos, sin embargo, cambiaron la óptica de la información y manifestaron que las verdaderas presiones las realizaron los grandes grupos periodísticos.

La senadora radical se había manifestado, hasta hace una semana, en contra del proyecto del kirchnerismo. Sin embargo, para sorpresa de todos, el miércoles anunció su voto a favor de la ley. La ex radical K y ex cobista no pudo ser convencida ni siquiera por Julio Cobos. "Mi voto no tiene otra explicación que el deseo de lo mejor para mi provincia, en el marco de un contexto que no puede ser recortado", afirmó la senadora a través de un comunicado. El contexto se refiere a las dificultades financieras por las que atraviesa su provincia y los inconvenientes judiciales de su referente político, el gobernador Arturo Colombi. Este último, precisamente, habría recibido el respaldo del ex presidente Néstor Kirchner para garantizarse un final de mandato tranquilo.

La decisión de Sánchez ya tuvo sus consecuencias en Corrientes. Ayer, un grupo de vecinos de su pago, Mercedes, escracharon su casa en repudio por el cambio de voto. En tanto, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes manifestó en un comunicado su "sorpresa".

En Tucumán, ayer siguieron las repercusiones por el cambio del voto de Salazar, que unos días atrás firmó un comunicado junto al resto del interbloque federal oponiéndose a la iniciativa. "Es increíble que Ricardo haya negociado con los que me tienen preso", sostuvo indignado el ex general, detenido por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi, fundador del partido Fuerza Republicana.Todas las versiones en Tucumán coinciden en sindicar al gobernador José Alperovich como el mediador en las negociaciones.

Por su parte, el senador tucumano Carlos Salazar defendió su postura. "Yo no he actuado mal, puedo demostrarlo. Lamento haber traído este tema que ensucia este ambiente tan sacrosanto para mí". Y agregó: "Me falta el don de la expresión, pero lo que sí tengo muy claro es lo que está bien y lo que está mal".

Por otro lado, para el senador fueguino José Martínez, quien decidió apoyar el proyecto en general y particular "para no hacerle el juego a la derecha", las presiones fueron otras. "Presiones tuvieron la Coalición Cívica y la UCR, de parte de los grandes medios, para poder llegar firmes al 2011", expresó. Desde la oposición, en tanto, insisten en que el voto de Martínez se debe a la garantía que recibió del oficialismo de aprobar el proyecto que favorece a su provincia para la producción tecnológica.

Además, dos rionegrinos sufrieron diferentes presiones. María José Bongiorno podría ser expulsada de su partido, el Frente Grande, por haber anticipado su voto contrario al proyecto de ley.

Así lo indicó anoche un comunicado del Frente Grande firmado por su titular, Eduardo Sigal. El cobista Pablo Verani, en tanto, recibió llamados de Aníbal Fernández para presionarlo para que cambie su voto. El intento fue en vano.

Por último, según opositores, el jujeño y oficialista Guillermo Jenefes, clave para que el kirchnerismo consiguiera dictamen, habría sido presionado con que no le iban a enviar fondos a su provincia por su culpa. Incluso, le habrían anticipado que los estatales que no iban a poder cobrar sus sueldos lo iban a ir a escrachar al hotel que tiene en la capital jujeña.

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