Presionan para que Telecom quede en manos de amigos del kirchnerismo

Mientras el Gobierno busca consenso en el Congreso para aprobar la ley de Medios, Néstor Kirchner trata de cerrar un acuerdo esta semana para que la empresa telefónica quede en manos leales al oficialismo.
Por estas horas, hay otra negociación que desvela más a Néstor Kirchner que la búsqueda de votos para que esta semana los diputados aprueben su proyecto de ley de radiodifusión. Esa pelea –mucho más dura– ocurre en las oficinas de Telefónica y Telecom, pero tiene su correlato y será definitivo en el texto que termine avalando el Congreso.

La ley de medios que Cristina Fernández envió al Parlamento incluye un apartado polémico: el ingreso de las compañías de telecomunicaciones en el mercado de la TV por cable, un botín apetecido y por el que ya invirtieron millones de pesos (ver aparte). El ingreso de estos monstruos empresariales es el eje de las críticas de la oposición, que advierten que en su cruzada por neutralizar al Grupo Clarín, el Gobierno conformará un nuevo y más poderoso gigante mediático afín.

La jugada supone una compleja ingeniería comercial: el matrimonio presidencial, a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, opera ante los directivos de Telefónica para que la casa matriz en España le venda a un pool de empresarios amigos la participación accionaria que esa empresa tiene en su competidora local, Telecom. Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia –bajo la órbita del secretario de Comercio, Guillermo Moreno– intimó a la firma ibérica a fijar en un plazo de dos meses las pautas para deshacerse de esos activos porque consideró que su posición en la Argentina es dominante. Son dos los principales interesados en comprar esa porción: el multimedios Clarín, por un lado y Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000, por otro. La intención de Kirchner es dejar afuera al holding que conduce Héctor Magnetto, para que el otro dúo se quede con Telecom. El resto de la firma está en otras manos locales: la familia Whertein. El proyecto es casi una copia del CEI (Citibank y Raúl Moneta) que ideó el menemismo.

La pulseada por esos activos comenzó hace más de un año, cuando el escenario político era otro. En enero de 2008, apenas un mes después de que Kirchner le concediera la fusión de Cablevisión y Multicanal, el Grupo Clarín quiso más. Golpeó las puertas de la Casa Rosada para solicitar la intervención del Estado en su plan para ingresar en Telecom. El operador del multimedios, Jorge Rendo, encontró respaldo en el despacho de De Vido. El veranito de Cristina y el noviazgo afianzado con Clarín, entusiasmaron a Néstor que dio su respaldo para la operación. La pelea con las entidades del campo, la lucha con los "generales multimediáticos" alteraron el tablero y los K fueron en busca de otros socios para copar Telecom. Y afinaron el plan: en mayo de ese año, cuando el Gobierno inició los foros para redactar la nueva Ley de Radiodifusión, los Kirchner decidieron permitirle a las compañías de telecomunicaciones a ingresar en el mercado de los medios. Junto a la posible compra de Telecom, se aseguraban así la posibilidad enfrentar a Clarín, ya no con el cambio en las reglas de juego, sino como competidores directos. Para tentar a los accionistas de Telefónica a cerrar el trato, les garantizaron que el negocio del triple play también estaría disponible para ellos.

Pero el peso del Grupo Clarín en la misma negociación, mantiene paralizados a los empresarios ibéricos que aún no decidieron a quién de los dos le otorgará el negocio. "Por estas horas trabajan en una oferta pública para que se sumen otros inversores y gane el que pague más", confió una fuente cercana a la operación. Como herramienta de presión, el Gobierno utiliza las negociaciones que ocurren en el Congreso: el oficialismo pretende emitir el dictamen del plenario de comisiones el próximo martes, y si hasta ese día la venta no está acordada, podría correr riesgo el ingreso de las telefónicas al mercado de la radiodifusión.

"Que no jodan más, si no, las sacamos de la ley y chau negocio", dijo a Crítica de la Argentina un diputado del Frente para la Victoria sobre la presión de las telefónicas. En medio de estas negociaciones cruzadas, el oficialismo en la Cámara baja accedió –a no ser que haya una contraorden desde Olivos– a hacer "retoques" para, por lo pronto, ponerle límites a las firmas de telecomunicaciones. Hasta ahora, el borrador final dispuso dos nuevas restricciones, según confiaron a este diario fuentes del bloque oficial y un funcionario al tanto de las negociaciones: se habilitará a las telefónicas recién tres años después de que se apruebe la ley y las obligará a repartir su negocio. Si una telefónica quiere ser cableoperadora en una ciudad, deberá garantizar que al menos el 15% de abonados a telefonía básica esté en manos de otro actor, incluso si eso la obliga a ceder parte de su propia red. Tendrán, además, que acogerse a los topes de alcance general: a nivel nacional, no podrán tener más del 35% de abonados de cable ni superar 24 licencias.

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