La diputada Elisa Carrió acusó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de “presionar senador por senador” para evitar el nombramiento del abogado Horacio Rosatti en una de las vacantes disponibles en el alto tribunal. Rosatti, santafesino como el presidente supremo, es uno de los juristas postulados por Mauricio Macri para ser juez de la Corte. El otro es Carlos Rosenkrantz, rector de la Universidad de San Andrés y cercano al Grupo Clarín. Ambos pasaron por la audiencia pública en el Senado y obtuvieron dictamen favorable hace dos meses, pero sus pliegos no consiguieron avanzar para ser tratados en el recinto. Por la Cámara Alta, cada tanto se pasea algún emisario de Lorenzetti, cuentan testigos de esas visitas. Pero también señalan que la votación de los candidatos a la Corte está atada a un acuerdo por la coparticipación con las provincias.

En cuanto a Lorenzetti, Carrió lo describió sin ningún filtro como un “corrupto”. Es “el capomafia de Rafaela”, señaló, “y no es garante de nada”. “Es un chiste” que se ponga “al frente de la lucha anticorrupción”, dijo, en alusión a los discursos que dio el juez en los últimos tiempos. También intentó compararlo con Cristina Kirchner y sostuvo que es “socio” del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. La realidad es que el entorno más cercano a la ex presidenta, del cual Zannini forma parte, tiene el peor de los recuerdos de Lorenzetti y le atribuyen cierta arenga a los jueces federales para que se muestren especialmente “activos” en los expedientes que implican al gobierno pasado.

Que al presidente de la Corte le inquieta la posibilidad de que quede en jaque el poder casi absoluto que hoy tiene en el máximo tribunal, es algo previsible. Que tiene más afinidad con quienes comulgan con el radicalismo, como Rosenkrantz, que con el peronismo, como Rosatti, también tiene visos de realidad. Y a la vez es cierto que el proceso de designación de ambos candidatos tuvo un problema de origen, ya que en un comienzo fueron nombrados en comisión, sin acuerdo del Senado. La reacción de la Corte y de buena parte de la comunidad jurídica, que cuestionaron ese mecanismo, llevó a que el Gobierno optara por intentar conseguir el acuerdo del Senado para las designaciones, como manda la Constitución.

Mientras tanto, la situación en la Corte es increíble ya que son sólo tres jueces los que la integran (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) y, si no están de acuerdo los tres, no pueden fallar.

Cada vez que Carrió habla y hace denuncias, empieza a disparar para todos lados. Eso explica que el kirchnerismo la haya denunciado penalmente por armar operaciones y denuncias con información filtrada de la AFIP, contraria a todos los sectores habidos y por haber. El diputado del FpV Rodolfo Tahilade denunció que recibió un correo electrónico donde alguien que decía ser funcionario de AFIP detallaba que existía una “task force clandestina” en el organismo que elaboraba dossiers de políticos, jueces y empresarios con información patrimonial y financiera para luego utilizarlos en causas judiciales o ante los medios. El fiscal Eduardo Taiano le dio impulso a la investigación que involucraría a la cúpula de la AFIP por “violación de secretos”. Imputó al titular del ente recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de operaciones impositivas del Interior, Jaime Macikovsky, además de a Carrió, como la presunta destinataria de los informes. El autor del mail decía que a él mismo le habían ordenado extraer datos sobre Mauricio Macri, varios jueces federales y el propio Lorenzetti, además de ex funcionarios como Julio De Vido y Alejandro Vanoli, entre otros.

En el Senado cuentan que a veces anda por sus pasillos y despachos Nicolás Fernández, ex senador por Santa Cruz. Fernández fue muy cercano a los Kirchner y fue quien recomendó el nombramiento de Lorenzetti como supremo. Se distanció de CFK en 2011 en una discusión por el cierre de listas en La Pampa, donde le habían encomendado gestiones determinantes. De Lorenzetti se hizo cada vez más amigo, y su presencia en el cuarto piso del Palacio de Justicia ya no sorprende a nadie.

En el Senado también sugieren que los pliegos de los futuros supremos no avanzan porque los senadores provinciales condicionan su voto al acuerdo que haya por la coparticipación. La Corte firmó un fallo para que a tres provincias (Santa Fe, San Luis y Córdoba) se les reintegre el 15 por ciento que se les descontaba para financiar el sistema jubilatorio. Un decreto de CFK ordenó generalizar la decisión, pero Macri lo revocó. Para mañana está previsto un encuentro en Córdoba entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y gobernadores. El Gobierno ofrece una devolución escalonada en cuatro años.