La presión social obliga al Gobierno a buscar fondos propios

En parte por el reclamo de los obreros de la construcción, pero fundamentalmente por la crítica situación habitacional que atraviesan cientos de fueguinos, el Ejecutivo analiza cómo reconducir partidas del presupuesto para mitigar los fondos que no envía Nación y que mantienen paralizadas importantes obras que se deberían haber puesto en marcha este año. Adjudicatarios de Chacra XIII dieron el puntapié inicial para que la gestión Ríos deje de esperar al Gobierno Nacional y busque modos de autofinanciar la continuidad de las 1017 viviendas.
El puñado de familias que el pasado mes de septiembre se plantó en el acceso a las 1017 viviendas en Chacra XIII no lo hizo sin esperar que la protesta pasara desapercibida ni cayera en el olvido entre las agendas de medios de prensa y dirigentes políticos, sino con la certeza de que la única manera de lograr una respuesta sería instalando -días más tarde- una carpa para exigir por el derecho a contar con una vivienda propia.

La dramática situación de algunas familias, a punto de sufrir desalojos por la imposibilidad de hacer frente a exorbitantes alquileres, le agregaron al reclamo una carga emocional cuya urgencia social no podía ser ignorada por autoridades del IPV, el Gobierno provincial, municipio y Concejo Deliberante.

En este contexto, las 1017 viviendas se volvieron a instalar en los medios y las autoridades comenzaron a apurar gestiones para reactivar las obras que permitan dotar de los servicios básicos al sector. El vertido de líquidos cloacales fue polémica reiterada entre Gobierno y Municipio, siendo el Concejo Deliberante el espacio elegido para demorar soluciones entre las partes, que prefirieron estancarse en la viabilidad técnica del uso de plantas móviles para procesar efluentes y arrojarlos sin riesgo de contaminación grave al cauce del río Grande.

En el medio de esta interminable discusión, los adjudicatarios de Chacra XIII mantuvieron «La Carpa de la Lucha» y la tozudez, lo que derivó en el alejamiento del ex Presidente del IPV, quien sin posibilidades de garantizar fechas o plazos para la entrega de viviendas decidió pasarle la posta a su vice, Gabriela Muñiz Siccardi, quien hasta el momento ha logrado atravesar la presión social y recuperar una mínima expectativa de quienes aguardan por su vivienda.

La voluntad de Siccardi, sin embargo, está limitada por la falta de fondos provenientes de Nación, que adeuda millonarias sumas por obras que, en algunos casos, ya deberían haber concluido y en otros debieron comenzar en el transcurso de este año.

Plata propia

Esta demora en el envío de fondos desde Nación, que algunos sectores vinculan a la distancia política entre la presidenta Cristina Fernández y la gobernadora Fabiana Ríos, motivó que en el seno del Ejecutivo fueguino comiencen a buscar recursos propios, reconduciendo partidas, para reactivar las obras públicas. Las demandas desde la UOCRA, amenazando con tomar la Casa de Gobierno, y el silencioso pero constante reclamo de los jóvenes del Plan Arraigo Juvenil en Río Grande, influyeron para que esta posibilidad sea analizada entre el Ejecutivo y el IPV, que ya logró el visto bueno de tres empresas constructoras que esperan recibir un primer pago para iniciar las obras en Chacra XIII antes de fin de año.

Con esta intención de financiar con fondos propios las obras comprometidas con recursos nacionales, ayer en Ushuaia estaba prevista una primera reunión entre el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu; la titular del IPV y funcionarios del Ministerio de Economía, aunque no trascendió si el encuentro se llevó a cabo.

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