Los gobernadores del PJ le propondrán al presidente Mauricio Macri, que el estado nacional deje de subsidiar y administrar las empresas eléctricas Edenor y Edesur y la de aguas AySA, que atienden a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia.

Además solicitarán que el área de transporte nacional, que maneja los servicios urbanos entre el Conurbano y CABA, pasen a las jurisdicciones que administran María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Todo el paquete - si se incluye además al Ente Regulador de Energía (ENRE) y el traspaso de la justicia porteña a CABA- implicaría una reducción de 110 mil millones de pesos a las arcas nacionales, cuyo costo sería transferido a estos dos estados.

Legisladores del Peronismo Federal ya presentaron proyectos tanto en Diputados como en el Senado para el caso de las tres empresas de servicios públicos.

Pero el principal impulsor de esta medida es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti quien dijo que “hay que empezar a poner a todas las provincias en un pie de igualdad”, para hacer frente a una de las demandas del FMI: la baja del déficit fiscal.

En tal sentido reclamó que “inmediatamente” se traspase Aysa , Edenor y Edesur a Capital Federal y provincia de Buenos Aires “porque solo prestan servicios en esos distritos”.

Además, pidió “trasladar los gastos de los servicios de Justicia de la Capital Federal, que la pagamos todos los argentinos, a la ciudad”, al tiempo que anotó en la misma lista a los subsidios al transporte de Capital Federal y Buenos Aires, “donde hay cerca de 40 mil millones de pesos a esas dos jurisdicciones”.

Pasado mañana, en la Casa de Entre Ríos ubicada en el centro porteño, los ministros de Economía de las provincias peronistas comenzarán a elaborar el borrador de la propuesta.

El primer punto - dijeron fuentes cercanas al mandatario cordobés- será la reducción de subsidios específicos a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

También piden que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) salga de la órbita nacional porque no atiende los problemas de todo el país.

Otro de los puntos de discusión que pedirán los mandatarios justicialistas, será ponerle fin a la política de reducción gradual del impuesto a los Ingresos Brutos que propuso el gobierno nacional en el pacto fiscal que firmó con las provincias.

En el gobierno nacional hay “malestar” por la suba de Ingresos Brutos en diez provincias. Fueron las que usaron el resquicio que dejó el propio pacto fiscal, que puso la vara más alta en las alícuotas que las que existían.

Funcionarios de Hacienda e Interior entienden que hay provincias superavitarias que podrían reducir presión tributaria aun en un marco de ajuste, ya que parte de ese esfuerzo se compensaría con las mejoras de las transferencias de coparticipación.

El próximo año, además de las bajas pautadas para Ingresos Brutos, las provincias comenzarán a sentir más fuerte modificaciones impositivas, como el revalúo impositivo (este año las beneficia pero el que viene, no) y la primera rebaja (por tres años) de la alícuota en Ganancias para las empresas (recortará fondos que se coparticipan). En ese contexto, el objetivo de los gobernadores es que se avance con la baja de alícuotas que menos golpean sus finanzas y que, en las de más impacto, o se postergue la baja o sea más gradual.

Por ejemplo, la baja de Ingresos Brutos sobre Comercio y Sector Financiero.