Presión para cambiar los planes sociales

La oposición insiste en la universalización de la ayuda social; propone una amplia reforma impositiva y la reducción de subsidios
Día tras día, crece la presión de la oposición para que el Gobierno instrumente una política de asistencia social universal y abandone los planes focalizados, que abren las puertas al clientelismo.

Una reforma impositiva -que implicaría gravar rentas financieras y eliminar exenciones consideradas distorsivas-, la reducción de subsidios y la desaparición de programas sociales hoy vigentes, serían las claves para contar con los recursos destinados a financiar el pago de una asignación universal por hijo, según las principales iniciativas que legisladores de la oposición. La mayoría de ellas fueron presentadas entre 2008 y este año.

Aunque hay diferentes propuestas en cuanto al monto de la prestación, se estima que otorgar $ 180 mensuales por hijo significaría un costo anual de unos $ 31.000 millones, de los cuales unos $ 15.000 millones surgirían de redistribuir fondos asignados a políticas actuales de ayuda social. El monto de $ 180 es el que rige como asignación por hijo para los empleados en blanco con salarios de hasta $ 2400.

El espíritu que guía los proyectos es que el ingreso para ayudar a las familias no esté vinculado a la posición sociolaboral de los hogares. Mucho menos aún si, con la vigencia de un esquema como el actual, se favorece con más dinero a los sectores menos vulnerables.

Los proyectos consideran la absorción del actual sistema de asignaciones familiares y de varios programas sociales, blanco de críticas por la discrecionalidad en la posibilidad de acceder y también en los montos asignados. Vaya una muestra de las inequidades que se plantean: una madre con 6 hijos, incluida en el Plan Familias, recibe $ 305 ($ 50 por hijo). Es menos que la suma de $ 360 que recibe un empleado en blanco con dos hijos (que, si tuviera 6 hijos, recibiría $ 1080). Y otra madre sin empleo pero con 7 hijos cobra una pensión asistencial de $ 579 ($ 83 por menor).

¿Cómo debería instrumentarse y financiarse la universalización de la asignación por hijo?

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) estimó que dar $ 180 a los 13,6 millones menores de 18 años costaría $ 29.389 millones, a los que se sumarían $ 1732 millones de una ayuda escolar anual de $ 170 que incluiría a 10,2 millones de chicos. Según sus cálculos, habría que conseguir $ 10.500 millones; el resto surgiría de recursos que están en planes como el Jefes de Hogar y el Familias, entre otros, y de la mayor recaudación impositiva que generaría el pago de la propia asignación al provocar más consumo. Lozano considera que deberían pagarse intereses de la deuda con reservas de Banco Central para liberar recursos; gravar rentas extraordinarias de empresas y rentas de operaciones financieras, y subir las contribuciones laborales de las grandes empresas.

También la propuesta de los diputados de la Coalición Cívica establece que se graven las rentas financieras, como las derivadas de bonos públicos y depósitos bancarios. Según detalló el diputado electo Alfonso Prat Gay, de esa reforma impositiva surgiría un tercio de los fondos. El resto provendría de redistribuir fondos y de una parte del IVA. Prat-Gay sostiene que aprobar un pago universal sería "romper con la trampa de la pobreza que se hereda".

Más propuestas

Varios proyectos buscan anular la deducción por hijo para el impuesto a las ganancias. A cambio, los empleados de mayores sueldos comenzarían a cobrar la asignación por familia, que hoy no les corresponde.

Según el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) también deberían reunirse recursos anulando subsidios. "Que las condiciones políticas o fiscales impongan la postergación de un cambio impositivo no invalida la ejecución del programa; sólo aconseja un mayor gradualismo", dijo.

Morales presentó una iniciativa que, además de la prestación por hijo, propone crear cuentas bancarias a nombre de cada niño, en las que el Estado depositaría dinero que sólo estaría disponible a los 18 años y con un único destino: la educación.

Desde el socialismo sostienen que, además de cambios impositivos como eliminar exenciones a Ganancias, debería considerarse, entre las fuentes de financiamiento, el 10% de la recaudación de aportes jubilatorios, ya que desde este año la Anses -que muestra superávit- recibe lo que antes iba a las AFJP.

Según el diputado electo por Unión Pro Eduardo Amadeo, la asignación por hijo debe ser tal que las familias puedan superar la pobreza. El proyecto presentado por el diputado de ese bloque, Francisco de Narváez, propone crear un consejo de gestión interministerial para calcular cuánto vale una canasta de alimentos y otros productos básicos. Y define el ingreso básico familiar como el 50% de ese valor.

La senadora Elena Corregido (FPV-Chaco), propone definir la prestación por menor con un monto "no inferior a un quinto de la jubilación mínima". Casi todas las iniciativas coinciden en pedir a las familias que presenten certificados de sanidad y de escolaridad de cada hijo.

Protagonistas

Gerardo Morales

Senador nacional UCR

El legislador y jefe de la UCR propone eliminar los subsidios a sectores económicos y utilizar esos fondos para ayuda social

Alfonso Prat-Gay

Diputado electo Coalición Cívica

Propone una reforma impositiva, de donde saldría un tercio de los fondos para pagar la asignación universal por hijo

Claudio Lozano

Diputado Proyecto Sur

El legislador considera que deberían pagarse intereses de la deuda con reservas del BCRA para liberar fondos para ayuda social.

Beneficio para trabajadores informales

El diputado kirchnerista Héctor Recalde presentó en julio de 2008 un proyecto de ley para extender a los trabajadores en negro el beneficio de las asignaciones familiares por hijo y la ayuda escolar anual. Recalde propone que los asalariados reclamen el pago de la asignación en el Ministerio de Trabajo, que a su vez elevaría el dato a la AFIP, para que inspeccione el lugar donde la persona cumple sus tareas. Se trataría de un mecanismo para intentar un blanqueo. Consultado por LA NACION, el diputado dijo que la inclusión de cuentapropistas o monotributistas en el cobro de la asignación "quedaría para una segunda etapa".

Comentá la nota