Presión de Moreno para controlar el negocio del papel

Mediante el control de Papelera Quilmes, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quiere quedarse con el abastecimiento de papel a todas los organismos del Estado, según denuncian desde la competencia y surge como sospecha en la impugnación a una licitación convocada por el Consejo de la Magistratura para la compra de resmas de papel preadjudicada a la empresa Ledesma
De acuerdo con la documentación a la que accedió El Cronista, la resolución mediante la cual se abrió el proceso licitario tiene fecha 10 de septiembre y Papelera Quilmes (ex Massuh) fue una de las oferentes. A comienzos de noviembre, el Consejo de la Magistratura preadjudicó a la firma de la familia Blaquier.

La papelera estatizada cuestionó que se exija una norma que no puede cumplir –la certificación ISO 9706–. Según fuentes judiciales, el diputado oficialista Carlos Kunkel, integrante del Consejo, pidió la revisión del proceso advertido de la situación por Moreno.

Así fue como la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentins, y el prosecretario administrativo de esta administración, Alberto Balloch, le enviaron una carta al presidente del Consejo Directivo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Enrique Romero, para encontrar argumentos técnicos que justifiquen la eventual eliminación de estas exigencias de certificación requeridas en las licitaciones. "Destaco que el pliego de bases y condiciones exigió que el papel a suministrar debía cumplir con las normas IRAM 3100, 3123, 3124 e ISO 9706", dice uno de los párrafos de la misiva, y agrega que "en la fecha en que la comisión de preadjudicaciones dictó el acto de preadjudicación, se recibió la presentación de un oferente mediante la cual cuestiona la inclusión de la ISO 9706".

El oferente –Papelera Quilmes– se refirió a la "inclusión arbitraria de esta norma, que algunos organismos piden (por desconocimiento) ... y que no tienen ninguna relación con la calidad y el comportamiento del papel en las máquinas impresoras y fotocopiadoras".

Consultadas fuentes de Ledesma, reconocieron haber sido preadjudicatarias, pero afirmaron que "el proceso va por los carriles normales" y que "todavía no se cumplieron los plazos habituales", ya que en la licitación anterior, ocurrida en mayo, entre la preadjudicación y la adjudicación pasaron dos meses.

En su última balance, Ledesma acusó al Estado –que constituyó un fideicomiso para arrendar las plantas de la ex Massuh– de aplicar "prácticas poco leales para con la competencia".

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