Presión militar en Brasil para que no se investigue la dictadura

El gobierno propuso crear una Comisión de Verdad para investigar desapariciones, torturas y violaciones. Los jefes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa amenazaron con renunciar. El presidente dijo que reformulará el plan.
Casi 25 años después de terminada la dictadura militar, los brasileños se aprestan a revisar su pasado y enfrentarse a la dura realidad que habla de desapariciones, torturas y múltiples violaciones de los derechos humanos, cometidos entre 1964 y 1985.

Pero el camino no será fácil. La propuesta de crear una Comisión Nacional de la Verdad que investigue los crímenes cometidos durante ese pasado dictatorial desencadenó una durísima reacción en el alto comando militar y por parte del ministro de Defensa, Nelson Jobim, que amenazaron con renunciar si el gobierno avanzaba en ese proyecto.

Esta podría ser "la mayor crisis político-militar del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva", que llegó al poder en 2003, expresó el editor del sitio especializado Defensanet, Nelson During.

La disputa, que explotó ayer en los medios de comunicación brasileños, se inició el 21 de diciembre cuando el gobierno, en el marco del III Programa Nacional de Derechos Humanos, anunció la creación de la mencionada comisión. El acto estuvo encabezado por el presidente Lula y por el secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, ex preso político.

La reacción militar fue inmediata. Los comandantes del Ejército, Enzo Martins Pieri, de Aeronáutica, Juniti Saito, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, amenazaron con renunciar.

El proyecto es "excesivamente insultante, agresivo y revanchista" hacia las Fuerzas Armadas, dijeron los militares el pasado 23 de diciembre, según dijo la Folha de Sao Paulo. "La presión (militar) es fortísima", afirmó una fuente del gobierno a ese diario.

Se estima que el presidente no adoptará una posición definitiva sobre el tema en los próximos días, pero que lo hará a su regreso de las vacaciones el 11 de enero.

De acuerdo con Folha, el mandatario le sugirió a Vannuchi que reelaborara el proyecto y buscara una fórmula de "conciliación"

La Comisión de la Verdad contaría con un equipo de trabajo que buscará identificar a las 475 personas que murieron o desaparecieron; a las más de 20.000 que fueron torturadas; a las 50.000 encarceladas y a los miles de brasileños que debieron exiliarse durante la dictadura.

Según el plan original, el grupo formado sería plural y suprapartidario con mandato y plazo definidos. El objetivo es que presenten recomendaciones para "promover la efectiva reconciliación nacional y prevenir en el sentido de la no repetición de la violación de los derechos humanos".

Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979 que garantiza que no haya procesos contra los represores.

Los que defienden la creación de la comisión consideran indispensable castigar a los culpables de las violaciones de derechos humanos. En cambio, sus detractores, basados en la Amnistía de 1979, consideran que existe un acuerdo previo y que si éste se modifica se deben investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia).

El diputado Raul Jungmann, próximo a los sectores militares, aseguró que el ministro Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.

Desde el gobierno, el ministro de Justicia Tarso Genro salió a tranquilizar: "No existe ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. Eso Lula lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones".

"Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y candidata de Lula a sucederlo en 2010)", declaró al diario O Estado de Sao Paulo un general cuyo nombre no fue citado.

Según este diario, Lula se negó a aceptar las renuncias de Jobim y los militares y prometió solucionar "políticamente" el tema.

Las familias de las víctimas de la dictadura militar exigen una investigación y el castigo para los torturadores, además de reclamar la apertura de los archivos secretos sobre el tema. Por esta razón, la Ley de Amnistía está siendo revisada desde hace un año por el Superior Tribunal Federal (STF), la máxima autoridad judicial de Brasil.

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