La Iglesia insiste en su cruzada contra el juego. Tras los cuestionamientos al acuerdo entre Macri y los Kirchner para instalar más tragamonedas en la Capital, el clero envió ayer una carta de protesta al gobierno bonaerense y elaboró un documento crítico sobre el tema en Córdoba para quejarse, en ambos casos, de la posibilidad de que los gobernadores Daniel Scioli y Juan Schiaretti extiendan la actividad en sus respectivos territorios.

Scioli había admitido en una entrevista publicada el domingo en LA NACION que, por el reclamo de varios intendentes y ante el vencimiento de algunas concesiones, analizaba prorrogar los vínculos existentes y crear nuevas salas de juego en la provincia. La sospecha del mundillo político indicaba que en los nuevos casinos o bingos ingresaría el empresario Cristóbal López, dueño de Casino Club -la cadena de casinos más grande del país- y a quien se vincula con el ex presidente Néstor Kirchner.

En Córdoba, Schiaretti propuso llevar de 3000 a 5400 las máquinas tragamonedas autorizadas. Justificó la iniciativa con un pedido por escrito de 15 intendentes -principalmente, de localidades turísticas- y con el argumento de que, así, Córdoba incrementaría de 4,5 millones de pesos a $ 11 millones sus utilidades. Según Schiaretti, el excedente se destinaría a proyectos sociales.

La cuestión es que la Iglesia no creyó los argumentos de ninguno de ellos y criticó duramente la voluntad política de incrementar la actividad lúdica. El obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, envió una carta a la gobernación de Buenos Aires y a los jefes de todos los bloques legislativos de la provincia para reclamar que no se avanzara con el proyecto del juego.

"Quiero hacerle llegar la preocupación de los obispos de la provincia, reiteradas veces expuesta a nuestro gobernador sobre la difusión del juego en nuestro territorio", escribe Casaretto, presidente de la Comisión de Pastoral Social y uno de los más enfáticos luchadores de la Iglesia contra la extensión del juego.

Monseñor Casaretto también transmitió su inquietud personalmente a José Scioli, secretario general de la gobernación. La Dirección de Culto de Buenos Aires depende directamente de "Pepe" Scioli, hermano del gobernador y uno de los dirigentes más influyentes de la provincia. "Le expliqué al obispo que nuestra idea es no prorrogar nada por decreto y sí, en cambio, darle un marco de legalidad a la actividad. Por eso el tema lo tiene la Legislatura. Igual, me parece que es lo mismo una sala nueva y otra ya instalada. Si esa es la discusión, habría que sacar todas las salas, pero curiosamente nadie pide eso", dijo a LA NACION.

Casaretto reclama en su carta: "Ha llegado a nosotros la información de que se estaría tratando en los próximos días una nueva ley (o modificación de la existente) sobre esta temática. Tratándose de determinaciones que tendrán una enorme influencia en el ámbito ético de la población, le pido que no se avance en la sanción de leyes, sino después de amplias consultas sobre el contenido de las mismas. Nosotros, los obispos, como pastores de la mayoría de los habitantes de esta provincia, deseamos ser consultados sobre estas cuestiones de tanto peso en la dimensión moral de nuestra sociedad." En la gobernación analizaban anoche el texto.

Más duro fue el documento de Pastoral Social de Córdoba. "Cuando el juego de azar supera el límite de un entretenimiento familiar y amical, se convierte en un mal para la sociedad, y más aún cuando es organizado, promovido y explotado económicamente por particulares. Tampoco se lo puede justificar diciendo que el dinero que se recauda se invertirá en obras de bien: un axioma secular nos advierte que el fin no justifica los medios".

Compromiso

La carta fue redactada meses después de una conversación que, sobre el tema, mantuvieron Schiaretti y el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos José Ñáñez. De acuerdo con fuentes de la gobernación, Schiaretti se comprometió allí a no permitir el asentamiento del negocio en la capital provincial, pero advirtió que varios intendentes le reclamaban la extensión de la actividad.

Anoche, allegados a Schiaretti repitieron ante LA NACION que la única promesa contraída había sido aquella de no permitir casinos ni bingos en Córdoba capital y dijeron que el gobernador no tenía intenciones de romper el acuerdo. No existía compromiso alguno, dijeron, sobre la actividad en el interior.

Lo cierto es que la Iglesia empezó a presionar más fuerte para impedir el desarrollo de una actividad que considera nociva. Casaretto, incluso, opinó en un documento que el clero debería interceder ante el poder político para convencer a concejales, legisladores provinciales y diputados nacionales de que no avancen con ese tipo de proyectos. El debate quedó abierto.