Un nuevo escándalo sacude a la obra social de la que depende la salud de unos 300.000 entrerrianos. Los desmanejos ocurridos durante la gestión de Silvio Moreyra no parecen tener fin bajo la conducción de Fernando Cañete. Desde que el dirigente de Santa Elena llegó a la presidencia del Iosper en 2006 hasta su salida en 2014, en el organismo se vivió un verdadero festival de contratos, en el que se benefició principalmente a familiares y personas vinculadas políticamente al representante del personal legislativo. Pero esta modalidad no se ve interrumpida y a menos de seis meses de gestión, Cañete firmó una resolución en se le asignan categorías a contratados -yendo en contra de las normas que regulan la carrera y las remuneraciones de los empleados públicos- y en la que uno de los principales beneficiados es la hija del funcionario de un contrato de obra pasa a la categoría 2, la máxima a que puede aspirar un empleado de carrera. 

Hoy en día casi la mitad de los empleados de la obra social (unos 350 sobre un total de aproximadamente 800), son contratados de obra y servicio que ingresaron entre 2006 y 2014. La consecuencia es una situación de precariedad para los propios empleados, como producto de una política sistemática que sujeta de su estabilidad a factores (y favores en muchos casos) políticos, estabilidad que no está garantizada ante futuros cambios en la composición del directorio. Pero los beneficios y la posibilidad de hacer pie en la obra social son notables para quienes guardan relaciones políticas y de parentesco con algunos de los funcionarios que dirigen los destinos del instituto y otros que sin ser directores electos ocupan cargos de jerarquía. 

El malestar se hizo visible en la última asamblea de empleados que mostraron su preocupación por la situación de la obra social. Tal es así que al término de la reunión, el sindicato que los nuclea (Seosper) presentó un escrito dirigido al directorio en el que informan del "estado de asamblea permanente", exigen una reunión con el directorio y el tratamiento urgente de una serie de puntos, entre los que figuran la situación financiera, los contratos de obra y de servicio y la polémica resolución firmada por Cañete (Nº 081 del 19 de enero), en la que se establecen recategorizaciones a contratados de obra y de servicio y "a personal que no cumple la función". 

En la resolución se argumenta que "la constante evolución demográfica del territorio provincial y el desarrollo de centros poblacionales justifican una revisión constante en la asignación de niveles a las delegaciones (de la obra social)" y que eso exige contar con normativa adecuada "que refleje de manera actualizada las delegaciones, su nivel, delegados, subdelegados, y la correspondiente asignación de categoría, atendiendo siempre el principio de que una responsabilidad similar debe ser remunerada de manera equivalente". De esta manera, se esblece aprobar un nuevo nivel escalafonario para delegados y subdelegados otorgando para delegaciones Nivel I la categoría 1 a delegados y categoría 2 a subdelegados; delegaciones nivel II (categoría 2, delegados y categoría 3 subdelegados); delegaciones nivel III (categoría 3, delegados y categoría 4 subdelegados); delegaciones nivel IV (categoría 4, delegados y categoría 5 subdelegados) y delegaciones nivel V (categoría 5, delegados y sin asignación de categoría para subdelegados). 

En el Iosper se percibe por momentos una línea divisoria entre los empleados de carrera y los que accedieron por contrato. Mientras un empleado de carrera con 30 años de antigüedad con tres decretos de recategorización (uno de Busti y dos de Urribarri) puede alcanzar un sueldo que promedia los 15.000 pesos, un contratado con tres años de servicio logró por una decisión política obtener un sueldo de 20.000 pesos por mes. Y el caso no es una excepción pero tal vez sea el más paradigmático. 

El tema pone también sobre el tapete una vieja deuda de la dirigencia política entrerriana: el tan mentado Régimen Jurídico Básico, que debería reglamentar -entre otras cuestiones- el ingreso por concurso a la administración pública, garantice la estabilidad laboral y evite la precarización laboral y el uso de trabajadores como rehenes políticos del gobierno de turno, de un partido o de un sector político. Pero quienes lo han invocado cuando son opositores, al llegar al gobierno se llaman a silencio y dejan el turno a quienes quedan del otro lado del mostrador.