La presidencia que no fue

Por Sergio Berensztein

Desde que se generalizó en las últimas décadas el uso del marketing político en la planificación de las campañas electorales, los temas que instalan los candidatos, en la Argentina y en el mundo, suelen pasar a un segundo plano en sus gestiones. Los candidatos dicen aquello que los electores quieren escuchar para lograr los votos para ganar, postergando sus verdaderas opiniones y hasta contradiciendo sus valores más profundos: lo importante es ganar y, para ello, hay que ser pragmáticos.

Así, la noción de que se trata "sólo de promesas de campaña" ha contribuido a minar la credibilidad del proceso electoral, a tal punto que se pone mayor énfasis en el mensajero (la persona, su historia, su imagen) que en el mensaje. Importa más el continente que el contenido y se empobrece así el debate de ideas, principio fundamental de la democracia deliberativa.

Tal vez esta tensión ?tan trascendental como preocupante? explique, en forma parcial, la notable brecha entre las promesas de campaña de Cristina Kirchner y lo que ocurrió en esta mitad de su gestión presidencial. Aquellas promesas que apuntaban a mejorar la calidad institucional y la distribución del ingreso, así como a reinsertar la Argentina en el mundo, quedaron marginadas por un gobierno que se empeñó en profundizar los aspectos más controversiales del período 2003-2007.

Aun antes del conflicto con el campo, la amplia popularidad de la que gozaban la gestión y la propia Cristina había sufrido alguna erosión por las dudas que generó la ratificación en el nuevo gabinete de algunos personajes muy desacreditados, como Guillermo Moreno y Julio De Vido. Este desgaste se acentuó por el escándalo de la valija bolivariana y la temprana negación a devolverles credibilidad a las estadísticas oficiales. Sin embargo, el gran punto de inflexión en el desarrollo de esta gestión y de fenómeno del kirchnerismo fue la revuelta fiscal del año pasado.

En verdad, no se registran antecedentes de un acontecimiento similar en nuestra historia: un grupo muy significativo de productores y ciudadanos consideraron confiscatoria (y, por extensión, ilegítima) la intención del Gobierno de incrementar un impuesto. Al Gobierno esto lo tomó por sorpresa: mansamente, la sociedad argentina había tolerado, mucho antes de los idus de marzo, un incremento espectacular de prácticamente un 50% de la carga tributaria (del 20 al 30% del PBI). Paralelamente, el tamaño del Estado y su capacidad para involucrarse e intervenir en la vida de los argentinos había aumentado mucho más de lo que esos guarismos suponen, sin que se hubieran registrado síntomas claros de resistencias o reacciones negativas.

La resolución 125 fue la gota que rebasó el vaso y todos los intentos del Gobierno por justificarla terminaron (tanto por las formas como por los contenidos) profundizando el conflicto y, sobre todo, el insalvable desgaste en términos de imagen y popularidad del Gobierno y de la pareja presidencial. En efecto, Néstor Kirchner volvió a los primeros planos, desplazó la figura de su esposa y, consecuentemente, quedó archivada cualquier esperanza de moderación dentro del Gobierno.

Los Kirchner se refugiaron con sus seguidores más fieles y se apoyaron en una coalición de gobierno minimalista y defensiva, que aún conserva una notable capacidad de daño. Toda la estrategia oficial descansa en el uso discrecional y opaco de los fondos federales, con los que se logra la renuente disciplina de una mayoría de gobernadores, intendentes, sindicalistas y líderes de movimientos sociales. Pero al hacerlo han renunciado al electorado moderado e independiente, que supera largamente el 70% de la población. En suma, quedó claro que una cosa es mantener por cualquier medio el poder real, pero otra muy diferente es traducir ese poder en votos, consenso y popularidad.

En la práctica, Cristina gobierna gracias a una legitimidad de origen correspondiente a una correlación de fuerzas que, como pusieron de manifiesto las elecciones de junio, cambió significativamente en apenas 20 meses. Mientras tanto, su legitimidad de ejercicio enfrenta desafíos permanentes, pues la sociedad reclama por cuestiones que esta administración no ha logrado, sabido o querido resolver: la inseguridad, la inflación, la pobreza y el desempleo.

La duda que probablemente desincentive la rectificación del actual rumbo es la que suele embargar a los líderes que ven mermar el apoyo de la ciudadanía: puede que nada cambie demasiado si revisan su estrategia y tratan de seducir a quienes ahora los critican, mientras corren el riesgo de desconcertar a quienes, a pesar de todo, aún los apoyan.

En cualquier caso, enredada en una miríada de conflictos generados desde el Gobierno y autoinfligiéndose cotidianamente daños a su imagen, Cristina se aleja paso a paso de la promesa de hacer de la Argentina un país normal, excepto que nos resignemos a aceptar que la anomia, el aislamiento, el estatismo, el acoso a la libertad de expresión y la acumulación de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo constituyen, efectivamente, la normalidad.

El autor es director de Poliarquía Consultores

Comentá la nota