Presentaron una nueva denuncia contra Aníbal F.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sumó ayer una nueva denuncia penal por su interferencia con la Justicia. La diputada nacional Patricia Bullrich (Coalición Cívica) fue a Tribunales y lo acusó de haber abusado de su autoridad o violado sus deberes de funcionario público.
"La gravedad institucional de los dichos y hechos protagonizados por el ministro Aníbal Fernández son sorprendentes desde lo político ya que constituyen un claro avasallamiento del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial", expresó Bullrich en su denuncia.

La denuncia de la legisladora aliada de Elisa Carrió quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, pero seguramente terminará en otro tribunal. Es porque el lunes ya se habían presentado al menos otras tres denuncias contra Fernández. Y al tratarse del mismo tema, por "economía procesal" las denuncias similares deberían unificarse en una sola causa.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia formulada por el propio juez que acusó a Fernández, Alejandro Sudera, del fuero laboral. Este magistrado fue la semana pasada al gremio de los aeronavegantes para hacer cumplir el fallo favorable a la lista Celeste, opositora a la de la embajadora en Venezuela, Alicia Castro. Sin embargo, la Policía se negó a auxiliarlo y adujo para ello órdenes del jefe de Gabinete.

Sudera denunció a Fernández y al comisario de la zona en la que se hizo el procedimiento, José Villamayor, por desobedecer su orden de franquearle por la fuerza el acceso a la sede del gremio de los aeronáuticos. La medida fue nuevamente repudiada ayer desde diversos sectores (ver página 15).

Lijo envió la denuncia al fiscal Eduardo Taiano, quien deberá opinar si se abre o no una causa penal contra el funcionario kirchnerista. El mismo juez y el mismo fiscal también quedaron a cargo de otra denuncia formulada por el abogado Enrique Piragini.

Pero ayer en Tribunales decían que todo seguramente quedará en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, ya que ella resultó sorteada para intervenir en la primera denuncia que ingresó por este tema. Es la del abogado Ricardo Monner Sans, quien se presentó a primera hora del lunes en los tribunales de Comodoro Py.

Fernández podría recibir hasta cuatro años de prisión ya que esa pena está prevista para "el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales", según establece el artículo 251 del Código Penal.

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