Presentaron en la Legislatura un proyecto para crear el fondo administrador de bienes del ex IPPS

El organismo tendría facultades para enajenar, comprar o permutar bienes inmuebles mediante licitaciones públicas con el objeto de atender situaciones de emergencia particulares de los jubilados y el sostenimiento de finalidades sociales, culturales, de recreación y turismo para el sector.
El proyecto de ley, que firma el diputado Miguel Rioja (PJ) y otros del bloque oficialista y del Radicalismo, establece la creación del Fondo Común de Administración de los Bienes Patrimoniales del ex Instituto de Previsión Social como persona jurídica de derecho público sin fines de lucho, que tendrá por misión administrar los bienes patrimoniales del ex instituto.

La iniciativa define como bienes patrimoniales a todos los bienes inmuebles, muebles y créditos que se encuentren a disposición del ex IPPS y el Consejo administrador creado por la Ley 5312.

Los recursos del fondo –establece- se integrarán también con el producido de las rentas o cualquier otro tipo de ingreso generado por la explotación de los bienes que se administran, por las contribuciones, herencias, legados, subsidios donaciones o transferencias que reciba y los demás bienes que puedan serle asignados por cualquier título.

El proyecto propone que la administración del fondo esté en manos de un consejo integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo y un delegado por cada entidad que agrupe a los jubilados, retirados y pensionados provinciales y que se encuentren legalmente constituidos y oficialmente reconocidos.

También se propicia facultar al consejo a convertir el patrimonio del fondo, enajenando aquellos bienes inmuebles que no se destinan directa o indirectamente a la prestación de servicios a los jubilados y pensionados o que carezcan de una razonable rentabilidad. "En todo caso, las operaciones de compra, venta o permuta que por esta ley se autorizan, no podrá bajo concepto alguno alterar en menos el valor del patrimonio existente a la fecha", puntualiza la iniciativa.

La enajenación de los bienes patrimoniales deberá efectuarse mediante licitación pública, dice el proyecto para agregar que el valor de base de venta de cada uno de los bienes no podrá ser inferior al valor de venta del bien en el mercado en donde se encuentre radicado o e valor de otro bien de características similares del mismo mercado y a tal efecto, deberá requerirse dictamen del Tribunal de Tasaciones.

Sobre el destino que deberá darse al producido por la enajenación de los bienes patrimoniales, se señala que el Consejo de Administración deberá proceder diligentemente a la adquisición de bienes inmuebles para atender situaciones de emergencia o eventos graves en materia de salud que afecten a un beneficiario o su grupo familiar primario, siempre y cuando no exista cobertura de la obra social y sea comprobada la extrema necesidad, pero en ningún caso la asistencia podrá ser permanente.

También se citan en el proyecto finalidades sociales, culturales de recreación y turismo de los jubilados, retirados y pensionados aportantes al ex IPPS que "propendan al mejoramiento integral de las condiciones de los jubilados, retirados y pensionados, fomentando los vínculos de camaradería y sociabilidad".

Acercar ayuda económica, en caso de extrema necesidad, concretamente fundada a beneficiarios, "con el fin de contribuir para el mismo un mejor bienestar general", es otro de los fines del fondo que en este caso incluye la asistencia de micro emprendimientos productivos sustentables.

En los fundamentos de la iniciativa, el diputado Rioja destacó la tarea realizada por autoridades provinciales y las instituciones de jubilados, pensionados y retirados para clarificar y regularizar la situación dominial de los bienes del ex IPPS, como también la recuperación y puesta en funcionamiento de muchos inmuebles que por el paso del tiempo habían perdido sus condiciones originales y hasta de habitabilidad.

Explicó además que en diversas ocasiones y a iniciativa de los propios jubilados, la Comisión de Finanzas de la Legislatura se convirtió en un canal de recepción de los pedidos en cuanto a avanzar en un nuevo marco normativo que posibilite generar una herramienta más flexible para optimizar el rendimiento del patrimonio.

El proyecto, estimó, abrirá una nueva instancia de discusión entre los legisladores y los centros de jubilados, que será un punto de partida para la "generación de un consenso que de una vez por todas permita lograr el objetivo principal buscado desde hace tiempo: cumplir con el mandato constitucional y el deber social de generar recursos que permitan beneficiar a quienes durante tantos años prestaron servicios en nuestra provincia, los jubilados".

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