Presentarán amparos contra los aumentos de gas.

Tres ediles, abogados de profesión, asistirán a los vecinos que recurran a la Justicia para frenar la suba. El Concejo expresó su "apoyo político" a la preocupación de los ciudadanos.
La preocupación y las quejas por la fuerte suba en la tarifa de gas que sufrieron los juninenses encontrarán una vía de escape judicial. Es que una comisión legal de concejales creada "de facto" ayer asistirá a vecinos para la presentación de un recurso de amparo en la Justicia contra la medida tomada por el Gobierno nacional.

Los detalles se fijarán hoy, en una reunión que tendrán los tres ediles abogados de profesión –Pablo Petraglia, Andrés Rosa y Adrián Feldman– con fomentistas. Pero el acuerdo ya se estableció ayer, cuando el Concejo Deliberante se pronunció "políticamente a favor" de las quejas de los vecinos.

En un encuentro realizado al mediodía en el Salón Rojo, la mayoría del Cuerpo Deliberativo local escuchó el reclamo de algunos presidentes de sociedades de fomento, que expresaron su estupor por los valores que aparecen en las boletas.

También expusieron su necesidad "de hacer algo" por los vecinos a los que representan. "Nos pidieron colaboración y les explicamos que tienen el total apoyo político, pero que el Concejo no puede representar jurídicamente a los vecinos ni presentarse como actor en una causa de ese tipo", detalló el concejal Adrián Feldman.

"Pero sí creamos una comisión legal ´de facto´ con los tres ediles que somos abogados para asistirlos. Vamos a ir para adelante con esto", amplió.

Además de la propuesta de ayudarlos legalmente, los concejales prepararon un documento que buscará ser aprobado en la sesión del viernes que expresa, entre otras cosas, la intención "de llevar el malestar de los vecinos y el rechazo del Concejo Deliberante" a los organismos nacionales competentes.

Abusos

El escrito habla de "abusivos aumentos", menciona los problemas en el "poder adquisitivo" y pide "rever las recatego-rizaciones y los valores por la indiscriminada suba".

Mientras tanto, la "comisión legal de facto" avisará al Colegio de Abogados sobre esta situación para que los ciudadanos que no puedan pagar puedan contar asistencia gratuita de esa organización profesional.

"Vamos a colaborar en todo lo que sea posible. La idea no es apuntar contra la distribuidora de gas de Junín, porque correríamos el riesgo de quebrar una empresa municipal, sino contra el Estado nacional y la proveedora del servicio", adelantó Feldman.

"El aumento se realiza a través de un ítem sobre un fondo fiduciario, pero, en definitiva, no es más que un impuesto encubierto. Y no se puede legislar sobre la cuestión impositiva por decreto: es inconstitucional. Hacia allí apuntamos y así han tenido éxito otros ciudadanos en distintos juzgados federales", finalizó Feldman.

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