Comprende a quienes trabajen en el Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Tribunal Administrativo de Faltas, Defensoría del Pueblo, organismos descentralizados o autárquicos y sociedades con participación del Estado municipal.

El proyecto presentado por los concejales Raúl Medina y Ariel Burgos (Frente Salteño) establece diez pautas de comportamiento ético que alcanzan también a los representantes legales de cualquiera de las instituciones municipales y a quienes se desempeñen como personal de planta permanente de nivel jerárquico y con motivo de su cargo administren fondos, tutelen bienes, tuvieren intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de concesiones, así también como en la adjudicación de servicios públicos o espacios municipales.

Pautas éticas

Como pautas éticas los funcionarios en cuestión tienen la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Nacional y provincial, la Carta Orgánica Municipal , leyes, ordenanzas, decretyos y resoluciones municipales, desempeñarse observando honestidad, probidad, rectitud, buena fe e imparcialidad., velar en todos sus actos por los intereses de la Municipalidad de Salta, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esta manera el interés público sobre el particular, no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello, fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones, abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados, abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios de la Municipalidad de Salta para su beneficio particular o el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, proteger y conservar los bienes de terceros que hubieren sido secuestrados por orden de los Jueces Administrativos de Faltas, observar en los procedimientos de contrataciones públicas los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.

Establece además que es incompatible con el ejercicio de la función pública: ser proveedor por sí o por terceros, de todo organismo del Estado Municipal donde desempeñe sus funciones y dirigir, administrar, representar, patrocinar o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión, sea proveedor o preste servicios al Estado Municipal.

En los fundamentos se señala que la lucha contra la corrupción es hoy tema de todas las agendas políticas, se enquistó en la institucionalidad democrática y que es imperioso luchar contra ese fenómeno.