Los diputados del FrePam presentaron ayer un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales piquenses Alejandro Gilanderghi y Héctor Aberásturi. Los acusan “por mal desempeño de sus funciones en su accionar dentro del Ministerio Público Fiscal” en el caso de la desaparición y posterior asesinato de la niña Sofía Viale en General Pico.

Les reprochan, entre otras cuestiones, que “siempre mantuvieron una sola hipótesis investigativa en la causa, sosteniendo que se trataba de una fuga, en la que estaban involucrados gran parte de su familia, sin considerar ninguna otra posibilidad, como ser la trata de personas o ser víctima de una ofensa sexual”. También “haber puesto en la mira, como centro y eje de la investigación, a la propia familia de la víctima. Tal es así que estos solicitaron la formalización contra Eleonora Ilarregui y Sergio Rubén Medina por el delito de ocultamiento de un menor fugado”.

Este jueves al mediodía, los diputados Hugo Pérez, Lidia Duperou, Claudia Giorgis, Juan Carlos Olivero y Carlos Bruno fueron al Superior Tribunal de Justicia a realizar la presentación.

“Venimos a formular la presente denuncia, en el marco de los arts. 113 y 114 de nuestra Constitución Provincial, reglamentados por Ley Nº 313 de Jurado de Enjuiciamiento, contra el Sr. Alejandro Gilardenghi y Héctor Aberásturi, por mal desempeño de sus funciones en su accionar dentro del Ministerio Público Fiscal, conforme lo habilita el art. 21 inc. 1 y art. 22 inc. 2, 3 y 5 de la citada normativa”, dice la denuncia.

La muerte de la pequeña Sofía Viale desató una andanada de presentaciones pidiendo o un jury o juicios políticos, aunque políticamente no hubo ningún responsable. El primero en zafar del juicio político fue el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, César Rodríguez. Luego fue el turno del procurador general Mario Bongianino, que fue absuelto por la Sala Juzgadora. Esta semana se puso en marcha el jury al fiscal general de Pico, Carlos Salinas.

Hasta hoy, la única funcionaria que cargó con la culpa por el caso Sofía Viale fue la exfiscala sustituta Noelia Afonso, a quien el Superior Tribunal de Justicia no le renovó el contrato que tenía.

La Constitución Nacional prevé juicio político para los cargos políticos, mientras que para los funcionarios judiciales está previsto el denominado jury.

Los diputados del FrePam, en su momento, habían solicitado la suspensión de Aberásturi y Gilardenghi.

La denuncia

“Los hechos que motivan la presente nos remiten al caso de la desaparición de la niña Sofía Milagros Viale, el día 31 de agosto del año 2012, en la ciudad de General Pico, cuyo desenlace fuera el hallazgo de su cuerpo sin vida en una vivienda cercana a su casa, después de más de dos meses de búsqueda fallida. No creemos necesario ahondar en el relato de estos hechos por ser de público y notorio conocimiento, pasando a detallar lo que a nuestro criterio configuraría el mal desempeño de las funciones a cargo de los denunciados”, aseguran los diputados en la denuncia.

La investigación de la desaparición de Sofía Viale estaba a cargo de la exfiscala sustituta Noelia Afonso, Aberásturi y Gilardenghi.

“Tanto la exfiscala Afonso como los fiscales Gilardenghi y Aberásturi siempre mantuvieron una sola hipótesis investigativa en la causa, sosteniendo que se trataba de una fuga, en la que estaban involucrados gran parte de su familia, sin considerar ninguna otra posibilidad, como ser la trata de personas o ser víctima de una ofensa sexual.

Además de esto, la hipótesis de la fuga era constantemente alimentada con el encubrimiento por parte de los abuelos maternos y con las graves sospechas sobre el padre de Sofía, por una denuncia anterior que pesaba sobre éste. Todo lo cual deja en evidencia las falencias investigativas y el grave yerro en el camino a seguir para el esclarecimiento del caso”, recordaron los denunciantes.

Agregaron que “evidenciando estas fallas investigativas, cabe destacar que dentro de la larga lista de allanamientos realizados, conforme surgen del propio expediente, no se haya instruido en forma inmediata los allanamientos ni requisas de domicilios de todo individuo con antecedentes en delitos contra la integridad sexual del barrio o en cercanías a la vivienda de la víctima”.

Los diputados recuerdan que el asesino de Sofía, Juan José Janssen, “contaba con antecedentes en delitos contra la integridad sexual, antes y después de la desaparición de Sofía. A esto debe sumarse que las viviendas de víctima y victimario estaban distantes tan solo 150 metros”. “Había elementos suficientes para poder investigar al acusado, más aún cuando algunos abusos los cometió en su propio hogar, razón por la cual se les reprocha la falta de apertura de la investigación, de seguir nuevas hipótesis y de investigar particularmente a esta persona”, aseguran.

También les recriminan “la falta de dirección de la Policía en función judicial”.

“De los allanamientos practicados y de las testimoniales tomadas durante la investigación del caso, surge la falta de una logística investigativa, de un plan de búsqueda, de pasos concretos a seguir, todo lo cual deja en evidencia una carencia total de profesionalismo e idoneidad por parte de los integrantes del Ministerio Público, quienes siempre mantuvieron férreamente la hipótesis de fuga, dejándose llevar por rumores y comentarios”, dicen.

Los diputados ofrecieron de prueba el expediente del Juicio Político contra el procurador, Mario Bongianino.