Referentes de organismos defensores de los Derechos Humanos solicitaron a la Justicia Federal cordobesa que dicte una medida cautelar que impida al gobierno de José Manuel de la Sota derribar o convertir en un parque la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), en la que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. La cárcel fue cerrada semanas atrás, y los internos trasladados a la Unidad Penitenciaria de Bouwer.

Luis Miguel Baronetto, dirigente de Derechos Humanos y querellante en causa por delitos de lesa  humanidad, presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y pidió que se dicte una medida cautelar para que no se demuela el edificio, porque “se podrían destruir elementos de prueba necesarios para los juicios por delitos de lesa humanidad” que se están desarrollando.

“El eje de la medida solicitada son los juicios por crímenes de lesa humanidad cuyas sentencias aún no están firme. También nos basamos en los procesos en curso en los que se podría necesitar de las instalaciones de la cárcel para concretar medidas”, dijo Baronetto al explicar a la prensa por qué requirió que se impida la destrucción del penal.

En la cárcel de San Martín, conocida como UP1, se produjo una de las más grandes matanzas perpetradas por la dictadura cívico-militar del 76 al 83. En el invierno de 1976, fueron ejecutados una treintena de presos políticos, todos a disposición de jueces federales, en fugas fraguadas. Algunos de los detenidos fueron asesinados en los pabellones o en los patios del penal. Una de las víctimas de dichas “ley de fuga” fue Juana González, la esposa del hoy amparista Baronetto.

Baronetto recordó ayer que, en 2014, la Justicia Federal ordenó una inspección ocular en la ex cárcel ubicada en el barrio San Martín, de la capital cordobesa y consideró que idéntica medida procesal se podría solicitar en otras causas. “Se van abriendo nuevas investigaciones a medida que los testimonios relatan circunstancias de personas que estuvieron en La Perla y luego fueron trasladadas al penal de San Martín o al revés”, interpretó. Baronetto requirió el “urgente” dictado de una “medida cautelar de no innovar”, porque, según dijo, en forma personal, “el 7 de mayo pasado, en horas de la tarde”, desde la calle Colombres, próxima al penal, pudo constatar “el desmantelamiento de los techos de las instalaciones de los talleres, ubicados en los fondos del penal”.

De acuerdo con Baronetto, el proyecto del Gobierno de De la Sota, de construir un parque en el lugar, va en contra del artículo 3 de la Ley Provincial de la Memoria, que ordena “preservar las instalaciones edilicias que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado”. En su presentación, el dirigente fue acompañada por Gustavo Tissera y María Cristina Cosa, de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de Córdoba, y por Juan José López, de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos.