Fue presentado otro proyecto de acceso a la información pública

Fue presentado otro proyecto de acceso a la información pública
El diputado provincial Gustavo Cea (PJ) presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública. Esta iniciativa viene a sumarse a otra presentada antes por el diputado Santiago Godoy, que está incluida en el acta de labor parlamentaria para ser tratada el próximo martes.
"Para poder participar en el proceso de toma de decisiones y efectuar el control de los actos de los gobernantes es necesario contar con información completa, veraz y oportuna. Se trata de información relevante a la vida y a las decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto." Recuerda Cea en los fundamentos de su proyecto.

La iniciativa destaca también que el derecho a la información está reconocido en el artículo 23 de la Constitución provincial, y en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Cea sostiene que para asegurar "la vigencia plena" de este derecho "es preciso establecer un procedimiento ágil, simple y eficaz, que cumpla con las exigencias que imponen el régimen republicano y democrático y dote a los salteños de una nueva herramienta para la participación y que permita el control de los actos de gobierno".

El proyecto prevé que la información deberá entregarse de manera gratuita, aunque es solo para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y no comprende al Judicial.

En cuanto al procedimiento de solicitud, propone que debe realizarse por escrito con identificación del peticionante, y que este "deberá consignar su domicilio real y constituir domicilio en la jurisdicción provincial", una formalidad que no exige, por ejemplo, el decreto nacional 1172, de acceso a la información pública.

En contrapartida, el proyecto de Cea prevé que también podrá hacerse la solicitud "en forma oral" y que el funcionario que la reciba deberá dejar constancia e iniciar el trámite.

En cuanto a los plazos, prevé que la información deberá ser entregada en el término de 30 días hábiles, y transcurrido ese lapso, el requirente "se encuentra habilitado para solicitar se actúe conforme lo establecido en la ley de procedimientos administrativos (...) sin perjuicio de las acciones disciplinarias que los titulares de los organismos correspondientes pudieran ordenar".

El artículo 62 de esta ley establece que "el incumplimiento injustificado de los términos o plazos previstos para el despacho de los asuntos administrativos, genera responsabilidad imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización".

Y que serán aplicables las sanciones previstas "en los respectivos estatutos del personal de la administración pública".

El proyecto está en análisis en la Comisión de Legislación General.

Comentá la nota