El ARI se prepara para la pelea legislativa

El Gobierno busca imponer los tiempos de la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año. A tal fin, ya responsabiliza a la oposición por el posible impacto que la no aprobación de las leyes que reclama causaría a las arcas provinciales. De esta manera también apunta a licuar el enorme costo político que le generaron las elecciones legislativas.
El Gobierno busca imponer los tiempos de la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año. A tal fin, ya responsabiliza a la oposición por el posible impacto que la no aprobación de las leyes que reclama causaría a las arcas provinciales. De esta manera también apunta a licuar el enorme costo político que le generaron las elecciones legislativas.

Si algo tiene en claro el ARI es que después de la durísima derrota en las elecciones legislativas del 28J, no está dispuesto a afrontar solo el costo político que le supuso pasar del 52% de los votos que obtuvo en 2007 para llegar al poder, al pobrísimo algo más del 9% que cosechó en la última contienda en las urnas.

Por eso, si bien el electorado le marcó claramente en las urnas que es necesario un drástico cambio de rumbo, el objetivo del Gobierno es licuar la contundencia del mensaje endilgando a la oposición legislativa parte de la responsabilidad por no haber podido, en casi dos años de gestión, encontrar el camino que saque a la provincia de la crisis.

Conciente de que el discurso de la herencia recibida está agotado, de que la teoría del complot golpista contra Fabiana Ríos no le redituó beneficio alguno y de que la confrontación permanente como estrategia lo terminó aislando, el Gobierno apuesta ahora a incrementar la presión sobre los bloques parlamentarios.

El objetivo de máxima es lograr la aprobación de las herramientas legislativas que considera fundamentales, como la ley tarifaria, la reforma de la Ley de Ministerios, el Presupuesto 2010 y ahora sumó el aval para acceder al crédito por 50 millones de pesos que le ofreció el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Y si no logra ese objetivo de máxima, responsabilizará a la oposición legislativa del debacle que pueda sufrir la provincia. De hecho, es lo que viene haciendo ya que el encono con los bloques de la oposición no es nuevo.

El ataque a la institución legislativa fue permanente a lo largo de la gestión. Sistemáticamente los funcionarios y los parlamentarios oficialistas cuestionaron y cuestionan la falta de acompañamiento al Gobierno, sin que ello signifique paralelamente el esbozo de algún nivel de autocrítica sobre la propia incapacidad para generar consensos.

Incluso, tras la debacle electoral y pese al discurso contemporizador de Ríos, el entonces contestador oficial de críticas al Gobierno devenido dos días después en ministro de Economía, Rubén Bahntje, realizó en una ronda de prensa durísimas críticas a la oposición parlamentaria, que como se esperaba no cayeron para nada bien.

El funcionario puso así en jaque los intentos de acercamiento que comenzaba a esbozar Ríos, que poco después debió citar a los presidentes de los partidos con representación parlamentaria para formalizar el pedido de sanción de las leyes requeridas y para tratar de arreglar el desaguisado generado por Bahntje, que no midió las consecuencias de su arenga desencajada.

Lo cierto es que en la apertura de diálogo que ensayó la gobernadora, las dirigencias partidarias no fueron más allá de un apoyo institucional. Aclararon que las posturas en la Cámara se definirán puertas adentro de cada fuerza y que, en definitiva, la suerte de las iniciativas que reclama el ARI dependerá de la propia capacidad de sus legisladores de lograr los consensos.

Le marcan la cancha

La estrategia del Gobierno de querer imponer mediáticamente los contenidos y los tiempos de la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año ya chocó contra la postura irreductible de la oposición.

Ricardo Wilder, presidente del bloque del Frente Para la Victoria, sostuvo que hay predisposición para el debate de todos los proyectos que el ARI lleve al reciento.

Pero advirtió que la demora en el tratamiento de las distintas iniciativas se mantendrá, en tanto y en cuanto el Ejecutivo no lleve a la Cámara la información requerida sobre la situación económica y financiera de la Provincia.

El ejemplo más claro es la tarifaria. "Se retomará la discusión, pero si el Gobierno no clarifica los números y pretende imponer más impuestos al sector privado para financiar los gastos corrientes del sector público, no contará con el apoyo del Frente Para la Victoria", dijo. Esa postura es compartida por el resto de los bloques opositores.

Wilder fue más allá y cuestionó que el Gobierno "quiere entrever a través de las declaraciones de los funcionarios a los medios que la solución de todos los males es la tarifaria, y que la causa de la situación actual es la caída de la ley corta. Pero 10 u 11 millones de pesos más no resuelven la situación de la Provincia".

El parlamentario, en sintonía con lo que referentes del sector privado manifestaran días atrás a TIEMPO Fueguino, consideró que Ríos debe implementar medidas de contención del gasto público, y paralelamente buscar otras alternativas de financiamiento que permitan revertir la tendencia deficitaria de los números del Estado provincial.

En crisis y sin respaldo político que le permita maniobrar con cierto margen de tranquilidad, el Gobierno maximiza su embate contra la oposición parlamentaria, que por su parte buscará capitalizar el desgaste del ARI pensando en 2011.

La verborragia de Bahntje fue contraproducente y por eso bajó el tenor de la demanda, apostando al diálogo y a la continuidad de una presión más sutil a través de los medios. El resultado del cambio de estrategia se develará con el correr de las sesiones.

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