"Hay preocupación en los jueces por el nivel salarial"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Víctor María Vélez, aseguró que el nivel de los salarios de los jueces provinciales debe ser revisado por el Gobierno provincial. Apuntó que la Provincia no cumple con la equiparación salarial que había pactado con los magistrados.

En este sentido, Vélez dijo que existe "una profunda preocupación e insatisfacción de magistrados y funcionarios judiciales, que incluye, entre otras cosas, autoconvocatorias espontáneas".

–¿Cómo es hoy la relación entre el Poder Judicial y el poder político?

–Para afianzar la Justicia se requiere de jueces independientes. Pero la independencia no es aislamiento, sino autonomía en el momento de la decisión. Toda presión debe ser resistida venga de donde viniere y las injerencias de los otros poderes sobre el judicial rompen con el sistema republicano que se basa en límites y equilibrios. Cuando el Poder Ejecutivo pretende tener injerencia en el nombramiento de los jueces se afecta el principio de independencia, que es lo que ocurre en el orden nacional debido a la última modificación introducida al funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

–¿Está de acuerdo con que se continúe con la emergencia previsional?

–La Provincia no se encuentra en emergencia, por ello es discutible una emergencia sectorial. La situación fiscal permite otorgar subsidios a tamberos, a municipios, préstamos a egresados, subsidios al plan de familia joven, construcción de complejos carcelarios, préstamos para viviendas, y más. No cuestionamos eso de ninguna manera, sino que subrayamos que esta actitud pone de manifiesto que no se justifica una declaración de emergencia parcial de la provincia, que afecta precisamente a las personas de más edad, con gravísimos descuentos creando una situación de incertidumbre injustificada. En el plano judicial esto afecta la natural renovación de los cuadros de la magistratura por que nadie deseará jubilarse. Además, la Provincia ha recibido por parte de la Nación el pago de las cuotas de enero y febrero de 2009 que cubren el déficit de la Caja.

–¿El nivel de sueldos que perciben los magistrados en actividad es el adecuado?

–Para responder esto, no puedo eximirme de la responsabilidad del planteo, que debe ser enmarcado en la más estricta racionalidad y moderación, reconociendo la difícil situación que muchos sectores viven. Por ello es que proponemos también que nuestros sueldos sean regulados por una ley específica de equiparación. El tema central de nuestro reclamo es que los magistrados y funcionarios no perciben en este momento el salario correspondiente porque no se cumple con una acordada del Tribunal Superior que fija un incremento por equiparación gradual a los jueces federales. Eso genera una profunda preocupación e insatisfacción de magistrados y funcionarios, que incluye, entre otras cosas, autoconvocatorias espontáneas. La idea es que todos los jueces del país tengan un salario más o menos equivalente, pues todos desempeñan igual tarea. Ello va en consonancia con los que se expresó en la segunda Conferencia Nacional de Jueces en Salta en 2007. Actualmente, la diferencia entre los jueces federales y los jueces provinciales es de un 26 por ciento. No estamos solicitando un aumento sino el cumplimiento de lo pactado, que es una equiparación progresiva.

Volumen de juicios

–¿Cómo se trabaja desde la Asociación de Magistrados la mora judicial?

–Según las estadísticas oficiales en el año 2007 ingresaron al Poder Judicial de Córdoba 176.324 causas a los juzgados de primera instancia y fiscalías -sin contar los juicios ejecutivos fiscales ni las denuncias de violencia familiar que registran una tasa de incremento anual del 17 por ciento. Semejante volumen es imposible de manejar y la gestión de la conflictividad social se vuelve muy compleja por que no hay sistema que lo pueda afrontar eficazmente.

–¿Cómo se puede resolver este problema?

–Desde nuestra Asociación de Magistrados y desde la Federación Argentina de la Magistratura apoyamos la profundización y la extensión de sistemas de mediación extrajudicial como el que existe en nuestra provincia. Esto se debería impulsar también a nivel nacional donde se registra un ingreso aproximado de cuatro millones de causas al año de la cuales casi la mitad son penales. Esto nos ha llevado a conversar con los futuros senadores y diputados nacionales sobre la conveniencia de legislar sobre el principio de oportunidad reglada y la mediación para descargar del sistema judicial por lo menos dos millones de causas, generando un primer nivel de solución extrajudicial ágil que prevea la gratuidad en casos de pobreza. Me parece que por allí pasa un primer paso para resolver este problema.

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