Si estamos preocupados? ¡Y qué te parece! No sabemos para dónde van a fallar", contestaba uno de los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri, mientras apuraba el paso en la Casa Rosada días después de que la Corte Suprema definiera un temario con potencial efecto explosivo en las cuentas públicas, en coincidencia con el año electoral y la necesidad de cumplir con las metas pautadas con el FMI.

En la Casa Rosada reconocen que los distintos canales extraoficiales de diálogo del oficialismo con la Corte no alcanzan y que cualquier medida en contra del Gobierno es posible en la actual relación de fuerzas del alto tribunal. Por eso, esperan con escepticismo los nuevos pronunciamientos, más allá de que en lo inmediato no se ve un cataclismo económico derivado de algún fallo judicial adverso.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, fue uno de los consultados por lo más alto del poder no bien se conoció que dos de los principales temas a tratar tenían que ver con su área de acción: el pago del impuesto a las ganancias para los jubilados que perciben haberes más altos y la incumbencia del defensor del Pueblo para representar a los pasivos en sus reclamos de actualización de jubilaciones sobre la base del fallo Badaro.

A quienes lo consultaron, según pudo saber LA NACION, Basavilbaso intentó tranquilizarlos: afirmó que los dos temas seleccionados "son mucho más baratos y con menor impacto fiscal" que si la Corte hubiera elegido otros temas vinculados, como el caso Blanco, que modifica la forma de calcular los haberes jubilatorios, o la forma de calcular las jubilaciones sobre la base de los meses mejor remunerados. "Es difícil que el tema Ganancias salga en contra nuestro y el reajuste por el caso Badaro lleva más de diez años sin resolverse", confiaban cerca del Presidente.

Otro dirigente de larga trayectoria en el radicalismo "leía" la selección de esos dos temas como un "guiño" incipiente. "Son gente pragmática y práctica, en el fondos ellos también querrán bajar la tensión en algún momento", afirmó el referente de la UCR, que conoce bien a los cinco integrantes de la Corte.

De todos modos, a los eventuales fallos negativos en materia previsional se suma el reclamo de actualización de la deuda por coparticipación que motoriza el gobierno de Santa Fe (unos $45.000 millones), en un sentido similar en sus fundamentos al de San Luis, provincia a la que la Corte dio la razón hace diez días en su reclamo de fondos previsionales retenidos, lo cual obligaría al Estado a pagar otros $15.000 millones.

Aunque cada uno de esos fallos traería puntuales dolores de cabeza, la inquietud del Gobierno no pasa tanto por la cifra total a pagar, sino por la actitud "negativa" que perciben en tres de los cinco integrantes del alto tribunal ( Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) , los tres de origen peronista y enfrentados cada uno a su manera con el nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

Postergación

"El Gobierno va a tratar, en todos los casos, de extender el pago si hay un fallo en contra para que la próxima gestión sea la que decida. Igual, nos llama la atención la cantidad de medidas contrarias a Cambiemos que han sacado", afirmaron a LA NACION desde el Ministerio de Justicia. El propio ministro Germán Garavano dijo esta semana que "quisiera creer" que no se ha conformado "una mayoría peronista" en la Corte, "porque no es bueno para el país que haya mayorías de ningún tipo". Más allá de los contactos "institucionales" con la Corte, el diálogo entre las partes no es el mejor, coinciden fuentes oficiales, y tampoco volvió a reunirse con asiduidad la "mesa judicial" que asesora a Macri en su vínculo con la Justicia.

Desde otros ministerios tampoco quisieron dar a conocer el cálculo sobre los costos exactos de una eventual cadena de fallos adversos. "Hay que esperar, pero no hay que preocuparse, sino trabajar los temas, más allá de la preocupación que genera algún fallo en el contexto de tanta restricción del presupuesto", afirmó el vocero de un ministro importante del gabinete. "Vamos a acatar los fallos como hemos hecho siempre", agregó el vocero.

Uno de los diputados de Pro que asistieron el viernes a la sesión de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso -los cinco ministros de la Corte escucharon atentamente el discurso del Presidente, aunque no hablaron entre sí y tampoco emitieron gestos visibles- intentaba poner paños fríos. "Saben [los miembros de la Corte] que estamos sin un mango, aunque a la vez hay mucha jurisprudencia que se está acumulando en favor de los jubilados", reconoció el legislador macrista.

En el oficialismo del Congreso coincidían más bien en culpar de manera renovada a los "operadores judiciales" del oficialismo y a Elisa Carrió por el actual estado de tensión entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial. "Si lo vas a desbancar a Lorenzetti hay que tener una estrategia posterior. Ahora lo tenés enojado armando una agenda que te complica", afirmó uno de los funcionarios que tuvieron cerca a los ministros durante el discurso inaugural del Presidente. En el oficialismo, de todos modos, afirmaron que el rol de Carrió el viernes fue esta vez más "moderado", ya que en lugar de desairar a Lorenzetti, como hizo el año pasado, la líder de la CC-ARI prefirió acercarse a saludar a Maqueda, Rosatti y Elena Highton de Nolasco cuando Lorenzetti y Rosenkrantz aún no se habían sentado en sus lugares en el recinto.

"Si Lorenzetti sigue enojado, Rosatti haciendo su juego para ganar poder y Maqueda acompaña, estamos siempre a merced de lo que decidan", se quejaron en otro despacho oficial, aunque cerca de Macri prefieren "esperar los fallos" antes de emitir opinión.

La oposición, por cierto, ve en estas disidencias una ventana de oportunidad para crecer en detrimento de las chances de Cambiemos. "Con Cristina Kirchner en la cancha y la Corte Suprema en contra, no sé quién le va a prestar plata al Gobierno", afirmó un dirigente opositor especializado en economía y con simpatías inocultables por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Los puntos centrales de la agenda que se fijó el tribunal para este semestre

 

Jubilados

 

 

Reajuste salarial

 

La Corte debe decidir si el defensor del Pueblo está legitimado para actuar en representación general de los jubilados en el reclamo para aplicar el fallo Badaro, de 2007. Un fallo contrario al Estado tendría un efecto mucho menor que el que hubiera tenido una década atrás, porque muchos jubilados ganaron sus juicios, fallecieron o aceptaron la "reparación histórica".

 

Ganancias

 

 

Jubilados alcanzados

 

En 2018, unos 270.000 jubilados pagaron Ganancias porque cobraron un ingreso de por lo menos seis veces el haber mínimo. Este año serán más, porque la Anses incluirá en el cálculo todos los ingresos que puedan tener, además de su jubilación. La Corte deberá definir si es constitucional la ley que aplica Ganancias a las jubilaciones.

 

Reclamo de 45.000 millones

 

 

Santa Fe

 

El máximo tribunal debe decidir si avala el reclamo de la provincia de Santa Fe para el reintegro de fondos de la coparticipación retenidos por Nación durante el kirchnerismo. La demanda inicial es de 45.000 millones de pesos, aunque debe actualizarse por la inflación e intereses. Hace dos semanas, la Corte avaló un planteo similar de la provincia de San Luis, por 15.000 millones de pesos.

 

Blanqueo de capitales

 

Un planteo de Felipe Solá ataca el decreto que habilitó a los familiares de funcionarios a participar del blanqueo de capitales.

 

Fondo sojero

 

La Corte definió que se realizará una audiencia pública por el reclamo de cinco provincias sobre el fondo sojero.

 

Glaciares

 

El máximo tribunal tratará el reclamo de inconstitucionalidad presentado por la minera Barrick Gold contra la ley de protección de glaciares.

 

Re-reelección de gobernador en La Rioja

 

Cambiemos se presentó en la Corte para rechazar la candidatura de Sergio Casas para los comicios del 12 de mayo.

 

Tasas municipales

 

Un planteo de la petrolera Esso discute el modo en que los municipios aplican y calculan las tasas de seguridad e higiene.

 

Antenas telefónicas

 

 

 

La Corte definirá si los municipios pueden legislar sobre la instalación de antenas telefónicas, a partir de un caso de Telefónica.