El presidente del CIPBA, Norberto Beliera, advirtió que la iniciativa del ejecutivo pilarense podría favorecer la instalación de equipos que no cumplen con las normas de seguridad vigentes, ni con las disposiciones del INTI, por lo que la única manera de favorecer su uso es eliminando los controles.

“Los ascensores que se podrían terminar instalando no están permitidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni en municipios que cuentan con alguna regulación vigente”, indicó Beliera y agregó que “además la derogación de ordenanzas le quitaría la facultad al municipio de realizar las verificaciones mensuales, lo que representa un verdadero riesgo para todos los usuarios”.

Según el municipio a partir de las modificaciones, el contralor seguirá existiendo, pero a cargo de las empresas privadas que ya están desarrollando esa tarea, con el único requisito de contar con una inscripción en el registro oficial para este tipo de actividades.

La sospecha de las autoridades del CIPBA y de los ingenieros locales, es que el pedido de derogación de las ordenanzas responde a un pedido de empresarios de emprendimientos inmobiliarios, que buscarían de esta manera favorecer sus negocios instalando ascensores que en caso contrario no podrían utilizarse.