Preocupa la demora de reintegros

La AFIP aseguró que se liquidaron a distintos sectores $300 millones entre reintegros de exportación y devoluciones del IVA.Hay empresas que no cobran desde mayo del año pasado. Se quejan porque el Gobierno nacional no cumple con los pagos.
A las compañías mineras que operan en Salta les preocupa la deuda acumulada por los reintegros de exportaciones que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no paga, en algunos casos, desde hace más de un año. No se conoce el monto total que les debe el Gobierno nacional, pero sólo Borax Argentina tiene un rojo superior a medio millón de dólares.

El sector advierte que la irregularidad en las liquidaciones se nota en la pérdida de capital de trabajo y en la caída de la liquidez, situación que se agrava con la reducción de las ventas al exterior registrada en la última campaña. Aquí se desprende la primera advertencia: la posibilidad de que la situación afecte a los trabajadores en el corto plazo.

A fines del mes pasado, empresarios y funcionarios salteños y jujeños reclamaron a la Secretaría de Minería de la Nación la cancelación de la deuda; la Provincia también busca destrabar la situación y la Cámara de Minería comienza a operar, ante la falta de respuesta a los pedidos individuales de las compañías afectadas.

"La preocupación es generalizada, hablamos de un derecho que no se está respetando. Por el momento las compañías no realizarán presentaciones judiciales porque primero agotaremos todas las vías para descomprimir esta situación", dijo a El Tribuno el presidente de la Cámara de Minería, Facundo Huidobro. El dirigente, director de Mansfield Minera, adelantó que se planteará el tema ante el organismo recaudador.

Las retenciones dispuestas por la AFIP, a pesar de lo que manda la ley 25.161, afecta en general a todas las empresas exportadoras. Sus directivos reafirman que el Gobierno de Cristina Fernández necesita recursos para asegurar liquidez "a toda costa" y con las elecciones del domingo 28 encima no esperan ninguna señal oficial a su favor. La desconfianza en seguir arriesgando inversiones surge como segunda advertencia.

"Cobramos los reintegros hasta antes de mayo de 2008. Los pagos están más demorados de lo habitual, porque necesitan (por los funcionarios nacionales) hacer caja", sentenció el presidente de FMC Minera del Altiplano, Daniel Chávez Díaz.

Los reintegros se calculan sobre un porcentaje del valor de la mercadería exportada. En el caso de los boratos -se informó- es similar a lo que se paga por derecho de exportación: para poder sacar la mercadería del país, las borateras pagan 10% por los minerales y 5% por los refinados; el reembolso, en ambos casos, es del 5%.

Reintegros por retenciones

En algún momento se planteó solicitar a la Nación la compensación de la deuda con los derechos a la exportación que recauda la administración nacional, pero fue descartado ante la amenaza de ser suspendidas como exportadoras. Y aquí surgió otro reclamo: la recomposición de los reintegros a la Puna.

El gerente general de Borax Argentina, Alberto Trunzo, informó que una disposición nacional fijó en 2002 la reducción de los reintegros a la Puna, en el orden del 50%, cuando para los puertos patagónicos se mantuvieron los niveles de ingreso. "Esto es inconcebible", reclamó el directivo.

El gerente del departamento de Gestión Ambiental de Minera Santa Rita, Rubén Parada, dijo que la situación de esa compañía es similar a las demás: "Se repite en todo el sector, seguimos igual, no avanzamos y la deuda se sigue acumulando", comentó, al recordar que los reintegros se calculan en base al total del volumen exportado.

En otros sectores

El enojo por la demora de los reintegros impositivos que deben recibir los exportadores crece en distintos sectores. A principio de abril la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) solicitó al Ministerio de Economía la regularización de la deuda con alrededor de 6.800 empresas. "El impacto es alto en muchos sectores, afecta a la industria, así como a producciones regionales‘, afirmó la entidad, al reclamar un reembolso de 850 millones de pesos. La misma queja presentó luego la Unión Industrial Argentina en una reunión que su nuevo titular tuvo con la Presidenta. "Están cada vez más retrasados", dijo Héctor Méndez. El directivo incluyó en su pedido una mejora en el sistema de riesgos del trabajo y la instrumentación de rebajas impositivas para las pequeñas y medianas empresas que invierten. La deuda, informó, ascendía hasta aquel mes a los 850 millones de pesos.

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