Es uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el Poder Judicial. Sólo se juzgan a tiempo los casos con detenidos. El resto entra en un embudo y pasa años sin resolverse.
Si bien el inconveniente no es nuevo, se acentuó durante los últimos años y hasta el momento no se vislumbra una solución a corto plazo.
La cantidad de casos que una vez concluida la etapa de instrucción llegan para su juzgamiento a los Tribunales Orales (uno en Ushuaia y en otro en Río Grande) deriva en un verdadero cuello de botella.
Una prueba de ello es que antes de que comience el año judicial (luego de la feria de verano que tiene lugar en la actualidad) ya hay un cronograma de juicios que abarca todos los meses hábiles judiciales de 2013. En otras palabras, ya se sabe hoy qué causas van a ser juzgadas y cuáles deberán esperar a 2014.
La situación es preocupante, incluso, para los propios funcionarios judiciales. “Hay casos que se investigan desde hace diez o doce años, y todavía no tuvieron un juicio. Es muy difícil que un testigo recuerde después de transcurrido tanto tiempo”, confió una fuente de la Justicia consultada por este medio.
Desde adentro de la propia Justicia se cuestiona la forma en que se elabora el listado de próximos enjuiciamientos.
Hay una prioridad excluyente que constituyen los expedientes donde hay personas detenidas. En ese sentido no hay mucho para discutir: el Código Procesal Penal establece que nadie puede estar preso más de un año sin un juicio y, ante la disyuntiva de tener que liberar a un imputado, la mayoría de esos casos cumplen con la normativa vigente.
El problema es el orden de prioridades una vez que se agotan esas investigaciones. Hasta el momento los jueces utilizan un criterio de temporalidad: se juzgan de acuerdo al momento en que ingresan al tribunal. Pero hay quienes sostienen que los magistrados deberían ponderar otras circunstancias, como por ejemplo las causas sobre temas de interés público, como las causas de corrupción.
Corrupción vieja
Al respecto, hay ejemplos muy elocuentes. La famosa investigación por la utilización de Letras de Tesorería durante el gobierno de Hugo Cóccaro, aún no tiene fecha de juicio para 2013, a pesar de que algunos de los hechos (que ya están en condiciones de ser juzgados) sucedieron en 2007, hace casi seis años.
El caso es emblemático por varios motivos: es un episodio de presunta corrupción que involucra a varios ex funcionarios hasta el rango de ministro, motivó un supuesto perjuicio económico millonario para el Estado (tal vez el mayor de la historia provincial) y permitió una investigación judicial exitosa, con abundante material probatorio.
Según el cronograma oficial de juicio para este año, recién el 17 de octubre comenzará el primero de varios juicios sobre la llamada “contabilidad paralela” durante el gobierno del ex gobernador Carlos Manfredotti. Otro caso emblemático que parece olvidado por el tiempo que transcurrió: son hechos ocurridos entre el año 2000 y 2003, hace más de diez años.
En cambio durante 2013 volverán a juzgar en dos oportunidades (el 20 y el 22 de abril) al ex funcionario colacista Jorge Domínguez, acusado junto a otros de peculado y falsedad ideológica de instrumento públicos, figuras similares a la que determinaron su condena y detención actual.
Es decir que mientras siguen juzgando y condenando colacistas se demoran los juicios contra coccaristas y manfredottistas, en una circunstancia que no puede atribuirse de ningún modo a un móvil político pero que la Justicia debería contemplar, por aquello de parece, además de ser.
Tampoco figura en el cronograma de juicios de este año el que involucra al ex legislador Luis del Valle Velázquez, acusado del homicidio preterintencional de bebé de pocos meses, durante un confuso episodio ocurrido hace casi seis años en Ushuaia.
Por lo demás, el cronograma está repleto de causas por delitos comunes: hurtos, robos, lesiones, y también ilícitos contra la integridad sexual.
La apertura de nuevos tribunales de juicio, tal vez separando los delitos por su naturaleza, o la incorporación de algún mecanismo para priorizar los casos más antiguos, son algunas de las soluciones que deberán evaluar los jueces del Superior Tribunal de Justicia para enfrentar los tiempos judiciales que se avecinan. De lo contrario, el embudo en el que se ha transformado la última etapa de la Justicia Penal va a terminar conspirando contra la ya alicaída imagen del Poder Judicial fueguino.
Comentá la nota