Augusto Costa dependerá ahora de la misma institución para concentrar, en caso de prosperar los proyectos ingresados por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado, más poder que Guillermo Moreno. El economista designado por Axel Kicillof para ocupar la Secretaría de Comercio aplicará, por ley, un nuevo régimen "sobre una regulación de las relaciones de producción y consumo", de acuerdo con el Expediente PE N° 300/14, que le permitirá fijar márgenes de utilidad, precios de referencia así como niveles máximos y mínimos de precios, así como ordenar, mediante resolución fundada, a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo. 

El proyecto había sido anunciado semanas atrás por Cristina de Kirchner en la Casa Rosada y apunta a reforzar controles sobre la cadena de comercialización de bienes y servicios como mecanismo para contener la suba de precios. En los fundamentos del proyecto se advierte que "resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica, que promueve un marcado abuso de posición dominante por parte de grupos económicos concentrados". Se faculta así a la secretaría de Costa a funcionar como Autoridad de Aplicación del nuevo régimen "para intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios, para la provisión de bienes y servicios imprescindibles". 

Costa, a diferencia de su antecesor Moreno, no sólo tendrá las facultades de imponer sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento 20.680, sino que además podrá disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales. Y tomará en cuenta, además, el lucro generado con la conducta sancionada, su duración temporal y el perjuicio provocado al mercado o a los consumidores. Incluso, especifica el proyecto que aún no tiene giro de comisión en el Senado, que "frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes y servicios, la Secretaría de Comercio disponga mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación".

El paquete de proyectos, que incluye otras dos leyes para establecer procedimientos para la prevención y solución de conflictos entre consumidores y empresas y crear un nuevo fuero de Justicia del consumidor con ocho juzgados, no ingresa en el mejor momento al Senado. La oposición con el radical Gerardo Morales, el socialista Rubén Giustiniani, la macrista Gabriela Michetti y el peronista Adolfo Rodríguez Saá a la cabeza, advirtieron que no darán quórum en el recinto mientras Amado Boudou, procesado en la causa Ciccone, no pida licencia como vicepresidente y titular de la Cámara alta. 

Por eso el bloque oficialista de Miguel Pichetto, que cuenta con un ajustado quórum propio de 38 senadores, entre propios y aliados, le dará un lento trámite en busca de consensos. El kirchnerismo necesita sentar en sus bancas un mínimo de 36 humanidades para sancionar este paquete y enviarlo a la Cámara de Diputados. Por eso, y pese a haber ingresado la semana pasada, las iniciativas aún no fueron giradas a las comisiones de Derechos y Garantías, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. Recién ahí se iniciará un desfile de funcionarios nacionales, con Costa a la cabeza, y asociaciones de consumidores para pulir el dictamen final. Entre los expositores también se espera la presencia de constitucionalistas para blindar la legalidad del proyecto y eventuales incompatibilidades con la ley máxima