No hay precedente que avale la medida

Por Gustavo Ybarra

La remoción de Martín Redrado que dispuso Cristina Kirchner es una medida sin precedente y promete generar una fuerte polémica jurídica, ya que decidió saltearse la consulta a una comisión especial del Congreso que establece la carta orgánica del BCRA como paso previo para desplazar a un presidente o miembro del directorio de la entidad.

Por el contrario, los dos casos que se registran en la materia se realizaron siguiendo lo que establece la legislación vigente.

Así lo hicieron Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner cuando decidieron remover a Pedro Pou y Ricardo Branda, presidente y miembro del directorio del Central, respectivamente.

Ambos pidieron el consejo de la comisión especial que integran los presidentes del Senado, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, y de Finanzas de Diputados y de Economía del Senado.

Según el decreto de necesidad y urgencia firmado ayer, la jefa del Estado decidió dejar de lado el consejo de esa comisión en virtud de la "especial situación de receso" que vive el Congreso.

Sin embargo, el proceso que terminó con la destitución de Pou de la presidencia del Central se inició en febrero de 2001, en pleno receso legislativo. El dictamen de la comisión especial fue entregado a De la Rúa en la Casa de Gobierno algo más de dos meses después, el 25 de abril.

Otro argumento que cita Cristina Kirchner es la falta de conformación, y por lo tanto de elección de sus autoridades, de las comisiones del Senado, lo cual impide conformar la comisión especial.

Este dato es refutado por la oposición, que sostiene que por lo menos hay tres miembros en funciones, el vicepresidente Julio Cobos y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de Diputados, Gustavo Marconattto (FpV-Santa Fe) y Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica-Capital). Y el reglamento de la comisión especial, redactado en ocasión del proceso a Pou, establece que el quórum se alcanza con la mitad más uno de los miembros, es decir tres legisladores.

Sin embargo, la diputada oficialista Diana Conti asegura que eso no es así, ya que en la Cámara baja existe un acuerdo político para designar a los presidentes de las comisiones, pero que éstas no estarán formalmente nombradas hasta que no sean votadas por los miembros de cada comisión.

Por último, el senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) cuestionó el argumento del Poder Ejecutivo acerca de que había decidido evitar la consulta a la comisión parlamentaria especial en virtud de que su dictamen no es vinculante para el jefe del Estado. "El dictamen es no vinculante, pero mientras haya una ley que así lo diga, es obligatorio" replicó.

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