El presidente Macri definió esta mañana enviar los cambios en el impuesto a las Ganancias al Congreso la semana próxima pero su apuesta es que en diciembre sólo llegue a tratarse en Diputados, aunque para eso deberá contar con la complicidad de los senadores.

Si no llega en diciembre, la Cámara alta recién podría sancionarlo en marzo y aunque Marcos Peña aclaró ayerque la ley será retroactiva al primer día de 2017, la demora obligaría a todos los alcanzados por Ganancias a pagar el impuesto el verano con la esperanza de una pronta devolución.

El martes o el jueves Alfonso Prat Gay visitará la Comisión de Presupuesto de Diputados para presentar la nueva ley de Ganancias y la que otorga beneficios a los fondos de inversión, que ingresó anoche.

El Gobierno apuesta a conseguir la complicidad del bloque peronista de Miguel Pichetto para patear la sanción de la ley que modifica Ganancias para marzo y así sumar unos meses más de recaudación.

Según la agenda de la Casa Rosada, ambas se aprobarían en el mejor de los casos el 14 de diciembre en Diputados, la única fecha pautada para una sesión extraordinaria.

Para ese día esperan además sancionar los cambios de la ART  y la reforma política, que no está nada fácil: el grueso de los gobernadores demoran la definición y sus senadores no garantizan la mayoría. Macri ya lo sabe.

El alcance de los cambios en Ganancias que presentará Prat Gay es un misterio. El mínimo no imponible para gravar ese impuesto puede elevarse por un decreto simple y por lo tanto se esperan modificaciones en las escalas, que al no actualizarse golpean fuerte a las personas o empresas gravadas con ingresos más bajos.

La demora para enviar el proyecto le permitirá a Cambiemos complicar a la oposición, sobre todo a Sergio Massa, que ha hecho de este tema el eje de su discurso político sobre el final del año.

Si el líder del Frente Renovador u otros sectores de la oposición estiran el debate, ni siquiera será posible aprobarlo el 14 y difícilmente el oficialismo se moleste.

En el bloque del tigrense no esperan que el proyecto oficial contemple la letra del presentado por Facundo Moyano, que eleva el mínimo no imponible por encima de los 60 mil pesos, cuando en la actualidad para los solteros está en 18.800 pesos y 25 mil para una familia tipo.

Diego Bossio, del bloque justicialista, propuso también gravar sólo a los que ganen más de 60 mil pesos netos por mes y alícuotas crecientes en función de los ingresos. La socialista Alicia Ciciliani la quiere llevar a 66 mil y deducir alquileres para vivienda única, jubilados y pensiones. 

Si la oposición desecha esas pretensiones y aprueba el 14 de diciembre, Miguel Pichetto, que suele decir que su bloque responde a gobernadores y sindicatos, se encontrará en una encrucijada complicada.

Los líderes de la CGT podrán exigirle sancionar la ley la última quincena de diciembre, porque aunque suele haber complicaciones con los vuelos de los senadores hay antecedentes de que es posible: el 29 de diciembre de 2014 Cristina Kirchner obligó a los senadores a sancionar la ley de Parlasur. Hasta Carlos Menem viajó a Capital Federal después de navidad.

Pero los gobernadores, hacedores directos de la mayoría de los senadores, difícilmente estén apurados en reducir impuestos que son coparticipables y engrosan sus arcas. Demorarlo unos meses.