El abogado Roberto Carlés pasó ayer por San Juan, para disertar en el Congreso Provincial y Nacional de Políticas Públicas que se realizó en el Auditorio Juan Victoria. El profesional fue propuesto por Cristina para ser designado como miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero el pliego aún no fue tratado por el Senado. Carlés cuestionó el abroquelamiento opositor para no prestar acuerdo y cuestionó duramente la política carcelaria en el país.

- ¿Qué opina del fallo que le rebajó la pena a un violador porque el niño que fue víctima ya había sido abusado?

- No quisiera expedirme porque podría llegar a la Corte y no quisiera tener que excusarme si eventualmente soy ministro. Sí puedo hacer un comentario general. Las sentencias tienen que ser claras, ser comprendidas por cualquier ciudadano y creo que en este caso no ocurrió. Cualquiera de las interpretaciones que uno pueda atribuirle podría ser bastante peligrosa.

- ¿Fayt es presa de una pelea política?

- No lo sé. Yo nunca he estado de acuerdo con el límite de 75 años para el cargo, a esa edad puede estar en su plenitud. Sí creo que el cargo no debería ser vitalicio como en Italia, España, Alemania, un cargo de 9 a 12 años.

- El Ejecutivo nacional lo propuso para ser ministro de la Corte Suprema y el tratamiento legislativo de esa propuesta quedó freezado, ¿se siente víctima de la política partidaria?

- No, no, para nada. La Constitución establece que para la designación de los ministros de la Corte requiere los dos tercios de los votos de los presentes en el Senado y este es uno de los cambios positivos que tuvo la Constitución. Recordemos que antes se requería una mayoría simple y que muchas veces las audiencias eran prácticamente secretas y no se sabía ni lo que pensaban ni se les conocía la cara a los candidatos a la Corte. Hoy, para llegar hay que pasar un proceso muy largo, que dura varios meses, que tiene un doble proceso de impugnaciones y se requiere una mayoría calificada. Ahora, entiendo que es una mayoría calificada que no está prevista para bloquear el diálogo entre las distintas fuerzas políticas sino por el contrario, para ser un control de calidad sobre las propuestas. En este caso, ha habido un acuerdo de fuerzas de la oposición que decidieron que no van prestar acuerdo a ningún candidato que postulara este Gobierno y ese creo que no es el espíritu.

- Entonces se considera víctima de un acuerdo político...

- No emplearía esa palabra. Creo que en todo caso, la consecuencia lamentable que tiene ese acuerdo es la situación de la Corte, que está incompleta. No creo que el problema lo tenga yo, creo que lo tiene la Corte porque no puede completarse.

- ¿Tiene expectativas de ser elegido o cree que ya no tiene chances?

- El tema está en manos de la política, así que puede pasar cualquier cosa. Como sabemos en política puede ocurrir cualquier cosa.

- ¿Su candidatura a la Corte viene con el apoyo del papa Francisco?

- Trato de dejarlo al margen al Papa. Yo con él tengo una relación personal y he tenido a la vez el honor de ser invitado a participar de iniciativas y eventos como la campaña que se lanzó contra la pena de muerte. Pero no tiene nada que ver con mi postulación, hay que dejarlo al margen. El Papa tiene preocupaciones mucho más importantes.

- ¿Qué beneficios traería al sistema Penal que la investigación esté en manos de los fiscales?

- El principal beneficio es la desconcentración de funciones, es lo que más se condice con un sistema republicano. Que tengamos jueces que investigan, acusan y deciden es un exceso. Además, tiende a la eficiencia porque el Ministerio Público se especializaría en la persecución y la acusación y los jueces se dedicarían a juzgar.

- Para que se implemente la reforma hace falta un aporte presupuestario, ¿ve en el poder político voluntad de aplicar recursos extra para esto?

- Creo que la hay. Después habrá que ver la situación particular de cada provincia y de la Justicia Federal. Creo que no siempre se trata de crear más cargos, quizás hay que hacer un diagnóstico serio de cómo están funcionando las estructuras preexistentes y reasignar recursos humanos, edilicios o financieros.

- ¿Está de acuerdo con endurecer las penas?

- Las penas deben ser proporcionadas. Deben tener relación al hecho cometido y deben guardar una proporcionalidad entre sí. Esto es lo que yo defiendo y tiene lógica. Cuando se pide, por ejemplo, una pena perpetua para los secuestradores, yo digo que es un delito gravísimo que merece una pena alta. Pero si la pena va a ser la misma que el homicidio, el mensaje que se le manda a la sociedad y al delincuente es que es “si usted lo secuestra, mátelo porque le va a costar lo mismo”. Hay que evitar este tipo de mensajes irracionales con penas desproporcionadas. Después de puede evaluar si hay que subir o bajar alguna pena.

- ¿Cree que el delincuente evalúa la pena que le cabría antes de delinquir, que lo persuade a no hacerlo?

- No, no, desde luego que no. La escala penal no tiene una función preventiva. Eso se hace con políticas de prevención.

- ¿Las políticas preventivas están a la altura de las circunstancias?

- Eso tiene que ver con lo que despliega cada provincia. Yo creo que algunos pasos se han dado, que algunas provincias han mejorado las Policías, hubo reformas interesantes, algunas que quedaron en proyectos. Creo que es fundamental que el paso por la cárcel tenga algo de utilidad para la persona condenada.

- ¿No no tiene ese efecto?

- Definitivamente no, no cumple esa función. La función, con un 60 por ciento de presos sin condena, está lejos de ser la que nos ordena la Constitución.