Se postergó el tratamiento del decreto que crea CoSaySA

La Cámara de Diputados provincial decidió ayer no convocar a la habitual sesión de los martes, para así postergar el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) a partir de los cuales el gobernador Juan Manuel Utrtubey le rescindió el contrato a la empresa Aguas de Salta y creó la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSaySA).
Por tratarse de DNU, deben ser tratadas en los próximos 90 días. De lo contario, quedarán automáticamente sancionadas. Además, este tipo de normas no admiten modificaciones, por lo que los legisladores sólo tendrán la opción de aprobarlas o rechazarlas.

En diálogo con Nuevo Diario, el vicepresidente primero de la cámara baja, el renovador Julio De Vita, explicó que la decisión de no convocar a sesión fue dispuesta por el presidente del cuerpo, el justicialista Manuel Santiago Godoy, habida cuenta de los numerosos reclamos de legisladores opositores que sostenían que no tenían la información suficiente para fijar su posición al respecto.

En este sentido, De Vita explicó que "hay muchas dudas y el tema es muy importante" como para analizarlo sin los elementos necesarios. De hecho, según relató, los DNU fueron distribuidos recién ayer entre los legisladores.

Probablemente, en los próximos días haya reuniones entre diputados y funcionarios tales como el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Armando Isasmendi, y el secretario de Comercio e Industria, Alfredo De Angelis, que participaron de las definiciones técnicas de la rescinción del contrato de la empresa concesionaria de agua y la creación una sociedad anónima.

Las dudas

Las inquietudes que aquejan a algunos de los legisladores están relacionadas, por un lado, con el estado patrimonial en que quedó Aguas de Salta y a cuánto ascenderán las partidas que deberá destinar el Estado para hacerse cargo de la prestación del servicio.

Pero lo que más inquieta a muchos de los diputados de oposición, es la decisión de crear una sociedad anónima, en lugar de transformar a la concesionaria en una sociedad del estado.

Es que, tal como lo publicara ese matutino, el decreto mediante el cual se crea la empresa estatal permite al Poder Ejecutivo provincial (PEP) a "disponer la posterior venta o cesión del paquete accionario, cuando razones de oportunidad, mérito o conveniencia lo hicieran aconsejable en miras a la más eficaz prestación del servicio público, lo que equivaldría a una reprivatización.

La única salvaguarda de la Provincia para el control de la compañía es que se reserva, aún en el caso de vender o ceder acciones, al menos el 1% del paquete accionario de CoSAySa, dejando establecido que "el mencionado porcentaje tendrá las características de acción con derechos políticos".

Reunión

En tanto, hoy está previsto que la comisión de Obras Públicas de la cámara baja reciba a los miembros del Consejo Provincial para el Cuidado del Agua, que nuclea a una veintena de organizaciones sociales y políticas que viene reclamando participación en las decisiones que vayan a tomar los legisladores.

Según explicó la presidenta de la comisión, Adriana Pérez (PJ), el encuentro servirá para que los diputados escuchen la opinión de estos vecinos, que plantean un rechazo de los decretos que crean CoSaySA.

El Consejo del Agua considera que el agua es un "derecho humano fundamental", y no puede ser considerado una mercancía, por lo que debe ser administrado por el Estado.

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