No es posible ejercer la autonomía municipal

Cristina Requejo es abogada y en su tesis de la especialización en Derecho Público, que se dictó en el Colegio de Abogados de La Pampa por la Universidad Nacional de Córdoba, presentó un trabajo sobre la "Autonomía Municipal", tema que hoy está en el centro del debate entre las autoridades comunales santarroseñas y el gobierno provincial.
"De nada vale que el municipio goce de autonomía para poder elegir libremente a sus autoridades, administrar sus asuntos, ejercer el poder de policía sobre distintas materias de su competencia, darse su propio orden jurídico institucional con la sanción de la Carta Orgánica Municipal (lo que no se ha podido cristalizar en La Pampa), si no cuenta con los recursos económicos financieros necesarios y básicos para su funcionamiento", expresó la concejala.

"Dentro del esquema constitucional los municipios, por medio de los mecanismos de coparticipación, reciben una proporción correspondiente a los impuestos indirectos internos y, a su vez, también obtienen una participación de la Provincia sobre los directos internos. Así lo manda la Constitución Provincial".

Requejo sostuvo con relación a la autonomía institucional y política, que "mientras el artículo 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades declama la autonomía "de todo otro poder" por parte del municipio pampeano, el artículo 166 no deja dudas de la dependencia institucional y política al imponer el número de concejales, la forma de gobierno y la sujeción al esquema electoral provincial".

Se lamentó porque "debemos concluir que no sólo el mandato constitucional se cumple parcialmente, otorgando a nuestro municipio autonomía semi-plena, sino que respecto de lo político tampoco se verifica en forma acabada".

Para la representante radical, no sólo "está vedado el acceso de la ciudadanía pampeana a la posibilidad de dictar sus propias normas locales (autonomía institucional)", sino que además no le resulta posible diseñar el tipo o modelo de gobierno que más se adapte a su idiosincrasia (autonomía política)".

En este sentido, Requejo recordó la "manipulación" de la Ley 1597 (Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento) en 2006, por parte del bloque oficialista (PJ) de la Cámara de Diputados, cuando le introdujo una reforma "sólo al efecto de limar posibilidades a un concejal rebelde de la ciudad de Santa Rosa, perteneciente a su misma ideología".

Frente a este panorama, la concejala frepamista reflexionó: "Lamentablemente resultará harto difícil avanzar dado el poder provincial respecto de los municipios; es decir, la posibilidad de manejarlos económicamente, de presionar e imponer decisiones, obras, políticas locales, etcétera. Y esto será cualquiera sea el signo partidario de los que accedan al poder".

Parafraseando al reconocido abogado Antonio María Hernández, la edil citó una parte del prefacio de la obra "Derecho Municipal", donde el autor señala: "... a cada despojo de facultades provinciales por parte del gobierno federal, correspondió casi siempre la misma actitud, esta vez de las provincias sobre sus municipios. Y el proceso de sucursalización de las provincias igualmente fue aplicado a los gobiernos locales, que en muchos casos fueron reducidos a meras dependencias administrativas".

Fondos y porcentajes de rubros distributivos

El actual sistema de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento es regido por la Ley 1065. Establece en primer lugar lo que será la masa de fondos a distribuir, conformada por: el producido de la recaudación de todos los impuestos provinciales, excepto aquellos que tengan afectación específica, y el 51 por ciento del producido del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y de los Aportes del Tesoro Nacional sin afectación a destino específico (de libre disponibilidad).

Una vez definida la masa coparticipable, se determina la distribución para las partes que se compone así: el 79 por ciento en forma automática para la Provincia (de allí se deduce un 5 para el fondo complementario de coparticipación); el 18, en forma automática para el conjunto de municipios; el 2, para el Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) y el 1, para el Fondo de Aportes del Tesoro Provincial a Municipios.

A su vez, el 18 por ciento se distribuye conformando lo que sería la distribución secundaria de la Ley de Coparticipación: el 5, en partes iguales (único ítem netamente distributivo); el 20, sobre la base de la población de cada una con respecto al total provincial; el 40, sobre la base de los recursos propios percibidos por cada municipio respecto del total de ellos; el 20, en función de lo que cada uno participe en el devengado anual del Impuesto a los Vehículos y el 15, en base a lo que a cada ejido municipal le corresponda en el devengado anual de valuación fiscal del Impuesto Inmobiliario.

Los impuestos coparticipables son: Ingresos Brutos, Sellos, Vehículos, Inmobiliario, Juegos de Azar y Tasa retributiva de servicios administrativos y judiciales.

De esta masa coparticipable existe un 2 por ciento para el denominado Fondo de Desarrollo Comunal, que tiene por objeto financiar inversiones en trabajos públicos, equipamientos y proyectos de interés comunal. Estos aportes pueden ser reintegrables o no.

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