En Posadas ya casi no hay lugar para más asentamientos ilegales

Las familias no tienen agua potable y viven sobre avenidas y hacinadas en terrenos abandonados. Reclaman la ayuda del Estado y la mayoría sobrevive de changas para poder comer todos los días
Los asentamientos ilegales siguen expandiéndose en la capital provincial aunque en muchos de ellos ya casi no hay lugar para que se instalen más familias en casas precarias en donde el hacinamiento y la marginalidad cobran cada vez más protagonismo.

Aseguran que la imposibilidad de acceder a viviendas propias o alquiladas, sin trabajos fijos y la necesidad de cobijar a sus hijos, los obligó a usurpar terrenos fiscales o privados, corriendo el riesgo de ser desalojadas como ocurriera en los primeros meses del año en la villa ubicada sobre la avenida Lucas Braulio Areco, entre Almirante Brown y Martín Fierro.

La capital misionera tiene 80 bolsones de pobreza, que en gran parte se evidencia en los grupos poblacionales asentados en espacios públicos como calles, veredas o en propiedades privadas y fiscales. El dato fue revelado mediante un trabajo realizado por la Municipalidad, según se informó desde la Secretaría General de la intendencia.

El dato va de la mano con los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que indican que Posadas es la segunda ciudad del país con mayor porcentaje de pobres, con el 32,6 % de la población, detrás de Resistencia, Chaco, donde el 35,4 % de la población es pobre.

“Me vine de Virasoro porque no tenía trabajo ni como vivir, por eso estamos acá y se me ocurrió poner esta gomería porque es lo que sé hacer”, dice Germán, que con sus tres hijos y esposa lucha todos los días para sobrevivir.

“No hay trabajo, ése es el problema y acá tenemos que buscar agua del otro barrio, es un grave problema”, se lamenta el gomero, quien como casi la mayoría de las 30 familias de la villa, pide asistencia del Estado.

“Tenemos que cruzar la avenida para buscar agua de una canilla pública, en un momento pensamos en hacer una conexión con una manguera, pero tenemos miedo de caer presos”, dice la mujer de Germán.

Lo mismo explica la esposa de Eduardo, que se queja por la ausencia del Plan Techo y el peligro que representa que los chicos crucen la avenida para buscar el agua potable.

“Hay un pozo pero se secó, es terrible la sequía”, se lamenta Eduardo, padre de 3 hijos y atento siempre a cómo se presenta el arroyo Antonica que pasa por detrás de las numerosas casitas de madera y cartón que se construyeron en los últimos cinco años.

“Hicieron un relevamiento este año cuando la Municipalidad nos quiso desalojar, pero a pesar de las promesas no pasó nada”, se quejó Eduardo que detalla que en el lugar ya no hay más lugar para otras familias..

Pero Oscar Salinas fue más contundente. “Nos prometen siempre en épocas de elecciones y acá es una mugre total, porque somos pobres y sabemos que no estamos en nuestras tierras pero nunca limpian, hasta gusanos saqué de la avenida”, en referencia al inusual basurero que crece a pasos agigantados en una de las esquinas de la villa.

El problema parece no resolverse jamás:?sin poder acceder a una vivienda y ahora inclusive esperan que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) les entregue una casa porque se consideran afectados por el arroyo Antonica.

Durante el año que se termina, el principal punto que se debatió en el Concejo Deliberante, y en realidad aún por definir quizás durante 2009, es cómo considerar a las familias que habitan espacios públicos o privados en forma ilegal y que reclaman servicios de la comuna. Para algunos ediles hay que sacarlos de esos espacios y reubicarlos, para otros, que primero se organicen como comisiones vecinales provisorias y trabajen para obtener la tenencia de la tierra y luego los otros servicios urbanos.

Hace poco más de dos meses se presentó un proyecto que pretendía reformar una ordenanza que establecía reducir de un año a seis meses la antigüedad de los vecinos residentes en complejos habitacionales que deseen integrar comisiones vecinales, pero la iniciativa no prosperó en el recinto y volvió a comisión.

Entre esas diversas opiniones, se dijo también que hay una laguna en la ordenanza que trata sobre la conformación de las comisiones, puesto que hay familias que habitan asentamientos irregulares y conforman una comisión, al igual que los demás vecinos que tienen los impuestos al día.

En Posadas, uno de los últimos terrenos ocupados por ilegales, se dio en al menos tres chacras ubicadas prácticamente en la intersección de las avenidas Cocomarola y Cabo de Hornos, a muy pocos metros del acceso al complejo habitacional A-4 construido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Allí, la mayoría de los habitantes provienen del interior de la provincia.

“Muchos de los que están acá son jóvenes que dejaron de vivir con sus padres para llevar adelante sus propias familias...”, explicó Carlos Mouriño de 25 años y aunque sus intenciones son de mejorar la calidad de vida, por ahora el presente los castiga sin piedad y pocas posibilidades de alcanzar ese objetivo.

Hay 3.000 familias rurales intrusas

En Misiones se estima que hay cerca de 150 mil hectáreas ocupadas en forma irregular, sobre las que se asientan más de tres mil familias sin títulos de propiedad ni permisos de ocupación.

“No hay datos certeros de la cantidad de área ocupada o de la cantidad de familias afectadas, pero por estimaciones que tenemos y la información que nos llega por nuestros delegados del interior, sabemos que hay entre 100 mil y 150 mil hectáreas ocupadas por unas 2500 o 3000 familias en todo el territorio provincial”, confirmó Jaime Ledesma, subsecretario de Tierra y Colonización del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones.

Durante los últimos meses de este año y los primeros del próximo se invertirán 9 millones de pesos para regularizar la situación de unas 1.300 familias que se asientan sobre 20 mil hectáreas en distintos puntos de la provincia.

El Estado provincial será el encargado de desembolsillar esa suma de dinero. En lo que va del año, ya se destinó poco más de 6 millones y medio de pesos para expropiar tierras y mensurar los terrenos ocupados, para posteriormente otorgar los permisos de ocupación mientras se tramitan los títulos.

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