Pons: "La intervención sólo durará 120 días"

Así lo aseguró el veedor designado por el Gobierno en la empresa TGN, la primera en default en la era Kirchner; el ex hombre de la UIA dijo que "es muy rápido para sacar alguna conclusión" sobre el futuro de la empresa
El interventor desginado ayer por el Gobierno en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Roberto Pons, ratificó hoy que su misión será "fiscalizar" los actos cotidianos de la empresa y que espera que la intervención sólo dure 120 días.

"La intervención sólo durará 120 días. De ahí surgirá un informe", señaló el hasta ayer jefe del Departamento de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA). El flamante funcionario afirmó que "coadministrará" y que su trabajo será el "control y fiscalización de los actos cotidianos"

Después de que la empresa entrara en default, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció ayer en una conferencia de prensa la intervención de TGN por 120 días con el argumento de que existe "peligro para la prestación del servicio público".

La empresa había anunciado el martes pasado el primer default corporativo que registra el país desde 2003. La decisión se hará efectiva mañana, cuando no pague un vencimiento de US$ 22,1 millones. Además, adelantó su intención de renegociar su deuda de US$ 345 millones.

TGN venía de reestructurar su pasivo en 2006, cuando cedió a sus acreedores el 20% del capital social. El restante 80% pertenece a Gasinvest (56,35%) y a Blue Ridge Investments (23,53%). Gasinvest es una sociedad controlada, con el 27,2% de las acciones, por Tecpetrol, del grupo Techint. La transportadora opera los gasoductos del Norte y Centro Oeste, conformando una red de 6067 kilómetros.

Al ser consultado sobre el default de la compañía -motivo que originó la intervención- dijo que "recién hoy tengo datos contables" y que "sería prematuro emitir una opinión", aunque recordó que fue uno de los motivos que impulsó la "rapidez con la que actuó el Gobierno".

"Esto mismo también genera una mayor necesidad de información, y habrá que ver qué elementos de resoluciones cotidianas pueden ser judiciales y afectar el buen funcionamiento del servicio público", dijo.

Pons sostuvo que desde su lugar de interventor trata de "no prejuzgar", y dijo que prefiere "masticar dos o tres veces mi información antes de emitir una opinión". Cuando le preguntaron si su gestión durará sólo el lapso previsto de 120 días, respondió en tono de gracia: "Espero que sí, sino me divorcio".

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