Una ley pone en jaque a los partidos minoritarios

El nuevo régimen comicial establece que las fuerzas políticas deben reunir un mínimo de afiliados para mantener la personería de distrito.
Cuando llegue febrero, el juez federal subrogante con competencia electoral, Daniel Bejas, deberá comenzar a analizar los legajos de las agrupaciones políticas tucumanas con personería política distrital (pueden promover candidatos a diputados y a senadores nacionales). De acuerdo con el nuevo régimen electoral sancionado en el Congreso a instancias del kirchnerismo, las fuerzas están obligadas a mantener un mínimo de 4.000 afiliados para conservar la personería jurídico-política.

La exigencia, para el caso tucumano, según los datos de la Justicia Electoral Nacional (JEN) actualizados al 30 de junio pasado, deja a salvo al PJ, a FR, a la UCR, a Pueblo Unido, al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), al Movimiento Libres del Sur y al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). A la vez, pone en aprietos a las otras 23 organizaciones que están por debajo de esa cantidad de afiliaciones y que, podrían ser dadas de baja.

Los referentes de las fuerzas minoritarias critican la nueva política electoral, revelan cuáles son las estrategias políticas y hasta judiciales que implementarán, y reniegan de que, además de incrementar los requisitos para afiliar militantes, no encuentran abiertas las oficinas judiciales. (Ver "Feria...")

"Anticonstitucional"

Martín Correa, del Partido Obrera, califica de "proscriptiva" la nueva norma. "Estamos completando las afiliaciones que exige la nueva ley para tener la personería nacional. En Tucumán, en principio perderíamos la personería, porque no llegamos al cuatro por mil. El PO va a luchar por conseguir su personería jurídica, tanto en Tucumán como en todos los distritos. Hoy estamos en Catamarca ayudando a los compañeros a completar sus fichas: ellos sacaron el 8% en las últimas elecciones", puntualiza.

"Están buscando que desaparezca la verdadera oposición", se enfada Héctor Manfredo (PC-Comité Regional). El dirigente asevera que están tratando de organizarse para accionar judicialmente en conjunto con otras fuerzas de izquierda contra las nuevas condiciones. "Nos quieren obligar a tener 4.000 afiliados, lo que representa un costo enorme: un escribano cobra $ 15 para autenticar cada firma. Nos quieren poner un cepo", cuestiona.

"Asistimos a la liquidación de las minorías", repudia Gumersindo Parajón, quien asevera que Pueblo Unido tiene unas 5.000 fichas y sigue afiliando. "Por más leyes que saquen, los partidos han dejado de ser herramientas de lucha para convertirse en instrumentos electorales. Los minoritarios debemos hacer una presentación conjunta para no desaparecer", asegura.

"Han impulsado una reforma anticonstitucional, cuyo objetivo es fortalecer el bipartidismo como régimen político y relegar a la izquierda de la posibilidad de ser una opción en las elecciones", afirma Juan Robere, del PTS. "De alguna forma intentaremos presentarnos, mientras trabajamos para reunir el número de afiliaciones, estamos llegando. En principio, haremos una presentación nosotros, pero esto no quita que hablemos con el resto de los partidos de izquierda", manifiesta.

Contra la arbitrariedad

"Según la información que nos dio la Justicia Electoral Nacional, estamos por debajo de los 3.000 afiliados", relata Raúl Gil Romero, del Partido Humanista. "Esto no es nada democrático. En Tucumán ya hicimos una presentación y no descartamos acciones conjuntas con otros partidos", consigna.

José Páez, de la Democracia Cristina, precisa que esa fuerza tiene en la provincia unos 3.500 afiliados, por lo que están trabajando para cumplir con las nuevas exigencias. "Pero la ley no es pareja. Para los distritos con menos de 1 millón de votantes, como Tucumán, exige un mínimo de afiliaciones del cuatro por mil; pero para los de más votantes, como los conglomerados de Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal, solo exigen 4.000 afiliados. En Buenos Aires, el cuatro por mil son 40.000 afiliados. Pero como en los grandes distritos los partidos mayoritarios tienen fuerzas satélites, se las hacen fácil", deplora.

"Este es el resultado del segundo ’Pacto de Olivos’ del PJ y la UCR, para resucitar el bipartidismo", brama Clarisa "Lita" Alberstein, del MST. "En el orden nacional hemos presentado un recurso judicial en contra de la ley y, en Tucumán, llamamos a las distintas organzaciones a accionar en conjunto contra este atropello", asevera.

"Somos un partido de 110 años que repudia la arbitrariedad del bipartidismo", sentencia el socialista Rodolfo Succar. "Esta reforma es una barbaridad. Se reeditará el escenario de Uruguay, donde los ’blancos’ y los ’colorados’ intercambiaban el poder de manera ilegítima, hasta que llegó el Frente Amplio para liquidar esa mortaja antidemocrática", vaticinó.

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