Polti dijo que el juicio político estuvo lleno de "burdas irregularidades"

El intendente objetó el trámite seguido por el CD. Acusó de "hostigamiento político" al Cuerpo.
R ápido de reflejos, el intendente kirchnerista de Recreo, Daniel Polti, planteó ante la Corte de Justicia el conflicto de poderes, el jueves, menos de un día después de que fuera suspendido por el Concejo Deliberante. En el escrito, el jefe comunal denuncia la existencia de un trámite irregular seguido por el Cuerpo, con el único propósito de removerlo y hacer jurar al frente del Ejecutivo a la edil Ingrid Barrera.

El Ancasti accedió a la presentación formal que realizó el abogado de Polti, Jorge Díaz Martínez, ante el máximo tribunal provincial. En primer término, objetó la denuncia del concejal Oscar Gómez, que disparó el juicio político. Según Polti, carecía de "todo fundamento, antecedentes, individualización de cargos imputados, detalle y análisis de prueba presentada".

Luego hizo un recorrido que incluyó distintos capítulos sobre el procedimiento que derivó en la sesión especial en donde fue suspendido.

Cuestionó el reemplazo del concejal denunciante en la comisión que lo juzgó, ya que según la Carta Orgánica municipal debería haber jurado el primer suplente y no el segundo, como sucedió.

Por otro lado, aseguró haber presentado los informes requeridos por el CD, pero que fueron rechazados en distintas oportunidades.

Afirmó que entre el 11 de julio de 2008 y el 3 de septiembre de este año -el período sobre el cual se le pidió informes-, la concejal Barrera actuó como "relevo eventual" durante 60 días, "sin que se le haya ocurrido contestar los informes requeridos o verificar los asuntos que los motivaron".

Para Polti, esto demuestra el propósito de "hostigamiento político y no de ejercicio de facultades de contralor" del Concejo.

El intendente enumeró supuestas irregularidades de la comisión de juicio político:

- No cumplió "la exigencia legal de verificar el ofrecimiento de prueba como condición de admisibilidad de la denuncia".

- Incumplió la obligación de evaluar las pruebas presentadas e investigar, antes de convocar a una audiencia al acusado.

- No dejó transcurrir los veinte días que establece el artículo 166 de la COM para pronunciarse sobre la procedencia de la denuncia, sino que lo hizo a los cinco días.

- Aplicó una sanción "teniendo por probados cargos que en ningún momento fueron objeto de imputación, prueba y descargo".

- Aplicó una sanción no prevista en el procedimiento de juicio político.

Sobre este último punto, y después de asegurar que el trámite de suspensión estuvo plagado de "burdas irregularidades", recordó que el Concejo Deliberante no tiene atribuciones como para apartarlo, y que la Carta Orgánica sólo habilita correcciones disciplinarias consistentes en un llamado de orden o multa por un máximo de dos sueldos.

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