La causa está abierta y Cristina Kirchner, imputada, pero empieza ahora un largo camino para acreditar si efectivamente el encubrimiento del atentado a la AMIA que denunció el fiscal Alberto Nisman fue tal y si la Presidenta fue responsable en términos penales.

Anteayer, el fiscal Gerardo Pollicita, que investigará el caso junto con el juez Daniel Rafecas, presentó su requerimiento de instrucción y comenzará ahora la recolección de pruebas. Sólo en su primer escrito, Pollicita pidió casi 50 medidas.

Lo que denunció Nisman, en resumen, es que la Presidenta emitió "una expresa directiva" para diseñar y ejecutar "un plan de encubrimiento" que desvinculara a los acusados iraníes del atentado y les garantizara su impunidad. El objetivo espurio del gobierno argentino era restablecer las relaciones comerciales con Irán, según aquella denuncia. El de Irán, levantar las circulares rojas que impedían a sus funcionarios moverse por el mundo. Para eso firmaron el Memorándum de Entendimiento, un documento bilateral que en los papeles buscaba avanzar con la investigación, pero que según Nisman iba a consagrar ese pacto.

A Rafecas y a Pollicita les tocará investigar si esto fue así. Cuentan para eso con los elementos reunidos por Nisman, pero entre lo que dejó el fiscal fallecido no hay pruebas determinantes, sino más bien un camino de indicios que, para seguir los pasos de Nisman, deben leerse en el contexto de los hechos políticos del momento. El memorándum con Irán es un documento público que tiene para Pollicita un rol clave. Así surge de su requerimiento, donde él cita varios párrafos del fallo de la Cámara Federal que lo declaró inconstitucional. Según Nisman, el memorándum fue la prueba del cambio "de 180 grados" que hizo el Gobierno. Con Néstor Kirchner se mantuvieron siempre reclamos muy fuertes contra Irán y se "rechazó rotundamente" cualquier salida negociada. Durante la presidencia de su mujer, esto cambió. Timerman protagonizó tratativas que mantuvo en reserva, "ya que se estaba negociando el encubrimiento", escribió Pollicita citando a Nisman. Después vino el memorándum.Las medidas pedidas por Pollicita no trascendieron, pero en los tribunales de Comodoro Py daban por hecho que habrá ex funcionarios de la Cancillería que desfilarán en esta causa como testigos para declarar sobre todo esto.

En el Gobierno advierten que mal puede ser delito una ley del Congreso y que al Poder Ejecutivo le corresponde decidir cómo se para el país en materia de política exterior. Sellar pactos con otro Estado es materia no judiciable. Salvo que esconda un delito. Tratar de determinar si eso fue así es una de las cosas que harán Rafecas y Pollicita. ¿La Presidenta y su canciller Héctor Timerman ofrecieron impunidad a los autores del atentado? Para Nisman, estaba acreditado que sí. Por eso pidió sus indagatorias. Para Pollicita, hay elementos que permiten sospechar que esto ocurrió, pero hoy no está demostrado. Por eso no citó a ninguno de los acusados, pero impulsó la investigación y los imputó.

Como prueba central, Nisman citó extractos de escuchas telefónicas. No son llamadas en las que hablen la Presidenta, el canciller ni el diputado de La Cámpora Andrés Larroque. Son escuchas de otros imputados que habrían operado como nexo con los iraníes, canales paralelos de la diplomacia. Ellos son el supuesto agente proiraní Jorge "Yussuf" Khalil, el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de Quebracho, Fernando Esteche, y el presunto espía Allan Bogado (que según la ex SIDE nunca trabajó para el organismo).

Sólo Khalil tenía intervenido el teléfono. En las escuchas, los involucrados hacen gala de relaciones con lo más encumbrado del Gobierno. Aparecen frases tales como "la jefa" o "el más alto nivel" y referencias a relaciones con el hoy jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el ministro Julio De Vido.

"Se trata de terceros no investidos de ninguna representación del Estado argentino", sostuvo la Procuración del Tesoro, que en un gesto inusual se presentó en el expediente.

Nisman, en cambio, sostuvo que estas escuchas tienen un rol determinante y que en algunos casos sus protagonistas tenían información que sólo podría provenir de altos funcionarios. Todo indica que en cuanto al capítulo de esta "diplomacia paralela", los investigadores partirán de los que hablan en las escuchas para determinar si tenían o no los contactos que alegaban. La fiscalía de Pollicita ya escuchó horas de grabaciones y esperan escuchar miles más.

No pueden ordenarse escuchas retroactivamente, pero sí bucear en los registros de los últimos años. Medidas tales como pedir cruces de llamadas y datos sobre visitas a edificios oficiales podrían servir para chequear lo dicho en las escuchas. Nisman había pedido además allanamientos, pero ninguno de estos fue dispuesto hasta el momento.

Rafecas planea empezar a tomar medidas de inmediato. Adelantó el regreso de sus vacaciones y el miércoles se hará cargo del caso.

RUSCONI CRITICÓ "MANIOBRAS"

El abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Diego Lagomarsino, denunció una "maniobra encubridora" del caso ejercida por medio de "hipótesis infundadas" provenientes del "poder". Dijo que con estas maniobras se perdió un "tiempo valioso" en la búsqueda de la verdad y afirmó que el relato de Lagomarsino se confirmó con los informes de las autopistas. Además, cuestionó las críticas de la Presidenta a la Marcha del Silencio. "No hay odio más destructivo que pretender desde el poder ocultar la justicia e impedir que la gente por el futuro institucional del país se manifieste", dijo.