Políticos y medios: de la adoración al rating a la pelea corporativa

Por: Eduardo Aulicino

En plena era dorada del menemismo, la dirigente de la UceDé Adelina Dalesio de Viola --socia muy expuesta de esa fusión entre PJ y neoliberales-- dejó una definición explícita, brutal, sobre práctica política y medios de comunicación: dijo que prefería un par de puntos de rating de TV antes que un acto partidario en el Luna Park

Aquella idea se extendió en el tiempo y en la geografía de los partidos, aunque no cautivó a todos sus referentes. Pero fueron muchos, y se generó una dinámica perversa en la relación dirigentes-medios, expresada del peor modo, en la sesión de Diputados que aprobó el proyecto de Servicios Audiovisuales y le dio paso rápido al Senado. Allí, muchos legisladores buscaron exhibirse sin responsabilidad alguna en ese terreno, casi como víctimas de un mecanismo absolutamente ajeno para dominarlos. Fue un diagnóstico amañado, con un peor remedio: ahora se trata de invertir los términos del supuesto dominio y la pelea real es entonces por el control de la información, su ponderación y su expresión periodística.

La ley en cuestión consiguió aumentar las tensiones políticas antes que generar espacios de reflexión en el Congreso sobre una tema de significativa trascendencia y que reclama debate: una distribución de espacios en materia audiovisual que garantice pluralidad --o polifonía, según prefieren algunos-- y que se pueda proyectar en el mediano y largo plazo, algo que no parece muy afirmado frente al vértigo de los avances tecnológicos. Pero ocurre que ciertos diputados defensores del proyecto del Gobierno terminaron exponiendo más vehemencia discursiva en su disputa --casi como corporación-- con los medios que en la defensa del concepto de pluralidad.

Hubo definiciones insinuantes y hasta equívocas, pero también discursos expresos en esa dirección, partiendo de algunas definiciones sobre sí mismos tales como "clase política", expresión aceptada en algunas exposiciones y cuestionada en otras con el argumento de que esa calificación fue creada por los medios para desmerecerlos. Pero lo sustancial fue la idea de que los medios imponen su mirada y esmerilan a los políticos para extorsionarlos o manipularlos. En esa línea avanzaron la jujeña María Carolina Moisés, oficialista, y el bonaerense Carlos Raimundi, aliado. Ningún otro aspecto sustancial parecieron descubrir en la relación entre los medios, la política y el poder. Ni siquiera matices o intereses cruzados.

Visto desde esa perspectiva, el extendido fenómeno de los candidatos mediáticos --consagrados en una oficina, despegados de compromisos partidarios, lejos de una elección interna y despojados de definiciones ideológicas-- sería fruto de una realidad ajena a la propia política. También lo sería la desarticulación que padece la mayoría de los partidos. ¿Quiénes votaron el adelantamiento de las elecciones y avalaron la maniobra de evitar internas abiertas? ¿Quiénes contratan costosos asesores para mejorar, casi de manera excluyente, el mensaje televisivo y la "comunicación"? En definitiva, ¿quiénes transfirieron a los medios poder de convalidación de candidaturas y liderazgos?

Todos los males, se expresó, vendrían de afuera. Pero el tema no se limitaría a ese punto, analizado no con la lógica de las razonables tensiones sino del enfrentamiento abierto. La señal más evidente la dieron algunos diputados, que apuntaron directamente a los contenidos y no a la distribución de espacios audiovisuales. Eduardo Macaluse, aliado oficialista, reflexionó en esa línea y aludió a notas y títulos de diarios. Silvia Vázquez, radical K, se quejó porque las críticas ácidas a programas de TV también son patrimonio de programas de TV. Ahora, dijo, podrán hacerse desde afuera. Desde afuera de la TV se han hecho variados cuestionamientos desde hace décadas. La legisladora pareció referirse más a una práctica de poder que de reflexión crítica.

Los discursos más encendidos giraron en general alrededor del vínculo de políticos y medios. Poco se abordó más allá de esa lógica, aunque todos aludieron al necesario debate que se debe la sociedad, invocada pero no muy atendida como realidad heterogénea. De todos modos, aún en términos más genéricos, la responsabilidad sobre esa relación recayó de un mismo lado.

Curioso, al mismo tiempo, fue que esas posiciones casi de cuerpo fueran acompañadas por otras definiciones de desconsideración efectiva sobre el papel de los propios legisladores. Para justificar el vértigo del trámite parlamentario, se dijo que este debate viene demorado desde hace 26 años -seis de ellos, bajo gestión kirchnerista- y que la propuesta además había sido discutida y enriquecida en foros realizados en todo el país. Para cualquier diputado, los aportes de foros, entidades y especialistas pueden ser de enorme valor, pero nada ni nadie reemplaza el papel del legislador. No se trata de una cuestión formal: aquello de un sistema de gobierno representativo, además de republicano y federal, es bastante más que el recitado de nociones elementales leídas en los manuales de Educación Cívica.

El proyecto será tratado ahora en el Senado. Sin duda es necesaria la reflexión autocrítica de los medios, y de los periodistas, sobre temas como los apuntados, pero los legisladores, oficialistas y opositores -que alguna vez pueden invertir papeles-, no deberían dejar pasar este turno, entre otras razones fundamentales porque su decisión no afectará sólo a periodistas y políticos. La pluralidad es sinónimo de equilibrio. Y el riesgo a la vista es que aquella penosa máxima de Adelina de Viola en lugar de ser desterrada, sea llevada al extremo del control mediático.

Comentá la nota