Los políticos no conocen de justicia

Las ex funcionarias del gobierno porteño fueron condenadas a solo dos años • La Suprema Corte ordenó a Selva dejar de contaminar el Río Luján, pero nunca cumplió • A la hora de la multa debería recaer en forma personal sobre su patrimonio.
(Por Jorge Guevara) El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 condenó a Omar Chabán a veinte años de prisión, a Diego Argañaraz, y al ex subcomisario, Carlos Díaz, a la pena de 18 años, mientras que a las ex funcionarias del gobierno porteño Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández solo fueron condenadas a dos años de prisión. Este fallo deja al descubierto que los jueces nuevamente son incapaces de hacer justicia con el poder político y dejó abierta las puertas de infierno, para que República de Cromañon se produzca en cualquier momento y lugar.

El fallo fue por el delito de incendio doloso calificado y cohecho activo (pagar coimas a la policía para evitar controles) por la muerte de 193 personas y lesiones en por lo menos 1.432 sobrevivientes del incendio en el boliche de Cromañón, hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2004.

Los siete músicos de Callejeros fueron absueltos porque los jueces consideraron que no participaron del pago de coimas ni estuvieron a cargo de la organización del recital. Resulta poco creíble que los músicos desconocieran los arreglos que Diego Argañaraz tenía con el ex subcomisario Carlos Díaz, para que hiciera la "vista gorda" sobre la cantidad de personas que ingresaban al espectáculo. A los músicos les importaba aumentar la cantidad de asistentes.

Las ex funcionarias del gobierno porteño Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández fueron condenadas a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como simple ciudadano dolido por el accionar judicial, me permito algunas consideraciones.

Es unánime el deseo que no ocurra nunca más, sin embargo las condiciones están dadas –tristemente- para que ocurra en cualquier momento, por que si la justicia no sanciona directamente y en forma personal a los responsables políticos, estos no van a variar su conducta.

En este fallo se nota que nuevamente la justicia es renuente a considerar que somos todos iguales ante la Ley (los políticos son más iguales): 20 años para Chabán, 18 para Argañaraz y Díaz, y solo dos para las inspectoras Fiszbin y Fernández.

Para que se produzca el fuego, se necesitan tres elementos: combustible, calor y oxígeno. Los tres son necesarios para la combustión, con uno solo que falte no hay fuego.

Según el fallo, se pudo conocer la trama que permite reconstruir la línea de responsabilidades que han salido a la luz y que sientan un precedente porque ponen en evidencia que los mecanismos de control del estado no funcionan, y no funcionan por la corrupción política, que es la responsable de la seguridad pública. Porque empresarios ambiciosos, habrá siempre, funcionarios inmorales, también, pero el estado a través de la justicia tiene la obligación de arbitrar los medios para evitar la mayor cantidad posible que ocurran hechos delictivos.

Sin embargo nuevamente la justicia no se pone a investigar en profundidad que la principal causa de la tragedia es la corrupción y no pone penas ejemplarizadoras a los funcionarios corruptos.

El beneficio de condena tan barata de Fiszbin, que afirmó que había habilitaciones políticas, y de Fernández, las dos funcionarias ibarristas sobre las que les cupo la responsabilidad de inspeccionar, es de solo dos años, porque según la justicia el "incumplimiento de los deberes de funcionario público", tiene como máximo una pena dos años, sin analizar que, para que un inspector "haga la vista gorda" debe estar habilitado por lo menos de palabra de sus superiores. Es decir se debió investigar la cadena de mandos que permitían las "habilitaciones políticas".

Cuando se cruza un semáforo en rojo se tiene como sanción de una multa. Siguiendo este criterio, si un individuo al cruzar el semáforo mata a un transeúnte, solo se lo debería aplicar la multa.

Si las inspectoras no hubiesen tolerado la existencia de "habilitaciones políticas", la tragedia nunca hubiese ocurrido. Es decir, 194 personas estarían vivas.

Pero lo más grave, es que se puede conjeturar que a la justicia no le interesa ser justa, miran más la posibilidad de ascender en la carrera judicial.

A los políticos nunca les toca, y a su patrimonio tampoco. Que las indemnizaciones las pague el gobierno, es decir los contribuyentes.

¿Y a qué viene esta reflexión? En el mes de julio se cumplió el plazo que la Suprema Corte de Justicia estableció para que el municipio dejara de contaminar el río Luján. Pasaron diez años y tres instancias de espera. La actual gestión ha demostrado hasta la evidencia que no quiere cumplir, que no le interesa lo que diga la justicia. El intendente ha buscado en forma sistemática todas las vías posibles de artilugios judiciales para evitar el cumplimiento del fallo.

El juez ahora tiene el sagrado privilegio de hacer que se cumpla el fallo. Cosa sencilla si las hay: cumplir una orden superior.

Es de esperar que asuma con responsabilidad su obligación, no busque una tangente. Es hora que este Juez salve al Poder Judicial de Mercedes, que cuando imponga una multa importante –que es lo menos- por cada día de incumplimiento, tenga presente la continua conducta caprichosa del intendente, el desprecio demostrado al cumplimiento de toda norma y por la falta de respeto por las instituciones. Que la multa recaiga en forma personal sobre su patrimonio, y no en el municipio, por que si no, la pagaran todos, incluso aquellos que han luchado para que se les devuelvan la posibilidad del uso y disfrute de un bien público, como es el río.

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