Un informe publicado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA) pone en relieve los procesos de reurbanización e integración social, impulsados por el Gobierno porteño durante 2017, en las villas 20, 31-31 bis, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita.

 

Y las conclusiones arrojan duras sentencias acerca de los trabajos que se han realizado hasta el momento, con vías de acción que parten desde el Instituto de la Vivienda (IVC) y desde la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), ambos organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete, que comanda Felipe Miguel.

Según detalla el documento al que tuvo acceso Qué, se advierte una serie de falencias en los proyectos destinados a cada uno de los cuatro asentamientos, incluso cuando, desde la asunción de Horacio Rodríguez Larreta en la Jefatura de Gobierno en 2015, dichos tópicos han si-do verdaderos caballos de batalla en el plano discursivo del oficialismo porteño.

Uno de los principales puntos del asunto, según lo divulgado por el CESBA, radica en que la urbanización de las villas no excluye procesos de valorización y dinamización de oportunidades de negocios.

“El verdadero master plan consiste en promover la máxima realización de la venta urbana posible y el reforzamiento de la centralidad, agudizando el proceso de liberalización del suelo bajo dominio público. Así, hay que señalar que el proceso va a acentuar las tendencias de expulsión de los grupos más vulnerables por ingresos”, sentencia uno de los párrafos.

El extenso informe se desarrolla en base a tres vertientes principales: la habitacional, la de infraestructura y conectividad, y la de participación social. En esa línea, establece que las intervenciones concretas en cada barrio, tanto la provisión de viviendas nuevas como la rehabilitación de hogares recuperables, “presentan incógnitas e indefiniciones”. Por caso, respecto a las viviendas nuevas, no se tuvieron en cuenta las preferencias habitacionales de los destinatarios, y no se previeron las consecuencias que los mejoramientos pueden tener en los valores de alquiler.

“No hay definiciones del crédito al que serán afectadas las familias receptoras de viviendas nuevas ni del plan de mejoramiento, ni se ha contemplado la situación de los inquilinos residentes en las viviendas a mejorar, redundando en un proceso de desalojo compulsivo de los mismos”, señala uno de los apartados.

Otro aspecto importante radica en los tiempos de las obras. El estudio verifica que los trabajos para las viviendas nuevas avanzan a mayor velocidad que los que implican la recuperación y el mejoramiento de las unidades ya existentes en las villas, situación que “puede ser contraproducente para el proceso de integración que se quiere impulsar, puesto que el macizo de la villa queda tapado por los complejos de las nuevas viviendas, funcionando como fachadas, lo que profundizaría la segregación sociourbana que existe en estas tipologías de hábitat”.

La coordinadora del estudio fue la socióloga María Carla Rodríguez, que se desempeña como investigadora en el área de Hábitat del CONICET, y que dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Esta política del Gobierno está valorizando el suelo y los entornos de las villas con proyectos de élite. Hay una inversión del Estado para valorizar oportunidades de negocio, y no se divisa una salvaguarda para que esto no termine excluyendo a los más pobres”, comentó en diálogo con Qué.

Cuando habla de la valorización de los entornos, Rodríguez se refiere a los megaproyectos que asoman detrás del telón de la urbanización de las zonas relegadas. Es que los cuatro asentamien-tos abarcados por el estudio guardan relación estrecha con diversos emprendimientos inmobiliarios a gran escala. A saber: la Villa 31 y 31 bis se hallan entre proyectos urbanísticos emblemáticos, como el Paseo del Bajo y la nueva Autopista Illia; la Rodrigo Bueno se emplaza junto a lo que será el barrio Solares de Santa María; el playón de Chacarita quedará atravesado por varios emprendimientos en las zonas de las avenidas Triunvirato y Lacroze; y la Villa 20 está situada frente a la Villa Olímpica, que albergará los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

En ese marco, Rodríguez sintetizó: “Las principales preocupaciones que tenemos están directamente relacionadas con

el sentido de fondo de las acciones, con un financiamiento que incluye procesos de toma de deuda y desprendimientos de tierras públicas. Creemos que son procesos que alientan a la privatización y dinamizan la lógica del mercado. Y en este sentido, añadió que, “más allá de cualquier discurso de integración del Gobierno, sabemos muy bien que el mercado no funciona de esa manera”.

Entre sus conclusiones, el estudio destaca que, “en todos los casos, se ha detectado que la población residente más vulnerable, los inquilinos informales, están siendo objeto de procesos de expulsión por goteo”, y que hay “un flujo de desalojos sostenido y sistemático que es invisibilizado y naturalizado, bajo la lógica del sentido común que los asume como daño colateral inevitable”. En esa línea, el in-forme recomienda la necesidad de “definir instrumentos normativos y urbanísticos que garanticen y protejan el derecho a la Ciudad que tienen los pobladores de estos

barrios”.

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Según establece el informe en base a uno de sus ejes, se registraron varias falencias en determinados trabajos llevados adelante en los procesos de urbanización.

Obras mal ejecutadas, complicaciones con el tendido y conexiones de agua potable, cloacas y desagues, y falta de información sobre el procedimiento de estas intervenciones son algunos de los puntos más flacos de los proyectos.

“Algunos vecinos expresaron que mu-chas de las obras de infraestructura iniciadas se desarrollaron sin la aprobación de planos correspondientes por las empresas prestadoras de servicios, lo que puede tener consecuencias de gravedad en el mediano y lar-go plazo, y pone en riesgo la validación de las obras realizadas”, destaca el estudio.

Además, se detectaron inundaciones por extensiones de cloacas que quedaron inconclusas y falencias en los circuitos eléctricos.

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“UN PROCESO DE GENTRIFICACIÓN”

La socióloga e investigadora del CONICET en el área de Hábitat, María Carla Rodríguez, fue la coordinadora

del estudio realizado por el CESBA. Y en contacto con Qué, destacó los detalles más importantes que estructuran el informe.

En ese sentido, Rodríguez manifestó: “En las cuatro localizaciones, aun siendo un mercado informal, las primeras intervenciones alternaron el alza de los precios del alquiler, en un proceso de movilidad que el propio Gobierno de la Ciudad dice que no puede controlar”. Además, añadió que “muchos vecinos han sido desalojados por goteo”.

También dijo que “no nos queda claro, en cuanto al financiamiento de los proyectos, desde dónde vienen los re-cursos y para qué se usan”, y habló de la presencia de un “proceso de gentrificación”, mediante el cual sectores de más recursos, después de la inversión pública, desplazan de su territorio a grupos de menores re-cursos.