La política judicial, al tope de los doce meses de gestión

La acción del gobierno de Hermes Binner en materia de políticas hacia el área judicial obtiene una buena nota, al ser evaluado el primer año de gestión en la Casa Gris.
La nueva operatoria del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces, los avances hacia la implementación de los juicios orales en el campo penal, continuar el camino en la reforma de los códigos procesales en los otros fueros y la creación de nuevos institutos que agilicen la acción judicial, como el sistema de mediación, son considerados positivos desde diferentes ópticas vinculadas al ámbito de la Justicia. En cambio, se critican las demoras en la cobertura de vacantes en varias decenas de juzgados.

El diputado provincial Pablo Javkin (ARI), miembro de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura, señaló que la judicial "es de las áreas de gobierno donde con mayor contundencia se muestra el cambio de orientación".

Gabriel Somaglia, docente de la Universidad Nacional del Litoral y último secretario de Justicia de la gestión de Jorge Obeid, señaló que en este primer año el gobierno ha hecho una "proposición de motivos que procura fortalecer el sistema democrático y las instituciones", aunque planteó que "luego estos propósitos, que son muy buenos, deben validarse con hechos: a partir del segundo año de gestión los hechos van a tener que demostrar las transformaciones".

Por su parte, Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, dijo que "en forma personal" ve "en general bien la gestión, sobre todo la del ministro (de Justicia, Héctor) Superti". Enumeró como positivos "la implementación del Código Procesal Penal, el anteproyecto de licitación para el nuevo edificio de Tribunales en el ex Heca, el impulso a nivel legislativo de modificaciones en los Códigos de Procedimiento de la provincia, y la protección de testigos, querellantes y demás involucrados en las causas de derechos humanos". También resaltó que "se avanza en los estudios sobre la protección a la víctima y la desjudicialización de los conflictos".

Uno de los puntos centrales de la política oficial fue la modificación del Consejo de la Magistratura para la selección de jueces.

Javkin elogió los cambios y dijo que se está "frente a los primeros concursos", lo que significa "un cambio muy positivo, que generará un cambio de cultura" por la inclusión de nuevos actores.

Somaglia admitió que "quizás es prematuro abrir juicio sobre su éxito, porque aún no se nombró ningún juez y hay 50 vacantes; es un tema que está por verse en los próximos meses, y si se puede rediseñar el sistema para agilizar un poco este organismo que se evidencia este año que no ha rendido los frutos que se pretendía".

Sobre este aspecto, Araujo es optimista en que "cuando se ajusten los mecanismos y se cobre más práctica las vacantes se van a cubrir más rápidamente".

En cambio, criticó que "los colegios de abogados de la provincia prácticamente no participan de los concursos para cubrir cargos en sus jurisdicciones" sino que "lo hacen por sorteo en otra", lo que juzgó "inadecuado porque es importante que cada colegio de cada zona pueda opinar sobre quién es quién".

Javkin puso como ejemplo del cambio de rumbo en la provincia a "la implementación de la reforma penal y —destacó— la voluntad de hacerlo" junto a "la sanción de la ley y el envío en pocos días de las leyes que faltan de los ministerios Público y de Defensa, y ley orgánica".

"En el área penal, la implementación del juicio oral es un criterio que coincide con la visión del gobierno justicialista", dijo Somaglia, que sólo se diferencia en el tipo de gradualidad con que se aplique. Explicó que "el consenso del Plan Estratégico fue la implementación de un modo gradual por territorio" mientras que para "la impronta de la gestión Binner la instrumentación tiene que ser gradual pero por materia", es decir "en algunos tipos de delitos", una experiencia que "habrá que ver en los hechos cómo se puede ir desarrollando".

Consultado sobre si una reforma constitucional es necesaria para sustentar los cambios en el sistema judicial, Javkin enfatizó que "es fundamental". De todos modos dijo que "hay temas en los que se está avanzando igual; existen figuras que necesitan respaldo constitucional, y desde el punto de vista del acceso a la Justicia y la defensa de las garantías, es fundamental", insistió.

Somaglia consideró que "para el área se justificaría si se quisiera dar rango constitucional al Consejo de la Magistratura, y en la naturaleza jurídica que se le pretenda dar al Ministerio Público: si continúa dentro del Poder Judicial, no sería necesaria, pero si se interpreta que debería ser autónomo, la reforma se torna necesaria".

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